Justicia investiga procedencia de audio sobre el corona virus denunciado por gobierno

En el marco de la posible comisión del delito previsto en el art. 211 del Código Penal para aquel que utilizare medios materiales idóneos para infundir un temor público, la justicia realizo distintas constataciones que permitieron verificar que el contenido del audio es falso.

Ushuaia: A partir de la denuncia efectuada el día sábado en sede policial por funcionarios del Gobierno Provincial, el Juez de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, Doctor Javier de Gamas Soler, encomendó la realización de una serie de medidas investigativas para verificar la falsedad del contenido del audio intimidante que circulaba por redes sociales. Ese mensaje de voz que se viralizó por “WhatsApp”, hacía referencia a distintas circunstancias vinculadas con la propagación del virus que produce la enfermedad Covid-19, y que tenían por objeto infundir temor en la comunidad.

 En ese contexto, ante la posible comisión del delito previsto en el art. 211 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de hasta 2 años, para aquel que utilizare medios materiales idóneos para infundir un temor público, se realizaron distintas constataciones que permitieron verificar que el contenido del audio es falso. De ese modo, los investigadores se encaminan a determinar la identidad del autor del audio y de aquellos que provocaron su difusión, en el entendimiento de que con esas expresiones, se pretendía deliberadamente intimidar a la población.

Las actividades investigativas realizadas a instancias del juez interviniente, permitieron verificar, entre otras cosas, el número de personas que se encuentran actualmente afectadas por coronavirus en nuestra provincia, cuántas de ellas se encuentran hospitalizadas, cuáles son las acciones que se están llevando adelante para la contención de la pandemia. El esclarecimiento de esos interrogantes, demostró que la información que brindan los organismos públicos sobre la situación actual de la pandemia es real, que se están tomando distintas acciones para su adecuada contención, y que su incidencia en la comunidad dependerá del grado de acatamiento de la población a las distintas medidas que dispusieron las autoridades públicas. Principalmente la cuarentena obligatoria.

En tal sentido, existe una fuerte determinación por parte de las autoridades para impedir aquellas expresiones formuladas por redes sociales cuyo contenido es absolutamente falso y que solo tienen por objeto infundir un temor a la población. La comunidad, mayoritariamente, hace un enorme esfuerzo acatando las directivas que se imparten para afrontar la situación que provocó la proliferación a nivel mundial del covid-19. Por lo que –según indicaron distintas fuentes judiciales-, no se pueden permitir acciones que van en detrimento de la tranquilidad que la población necesita para superar este momento. Desde esa perspectiva, se insta a la población a desestimar expresiones falsas y malintencionadas, y a informarse solamente a través de canales oficiales que brindan información verídica y comprobable.

Por último, las distintas denuncias que se han realizado por actos de intimidación pública y la actividad investigativa desplegada por la autoridad judicial, permite estimar que existe la determinación de identificar y sancionar a aquellas personas que tomen parte en producir y difundir mensajes intimidantes.

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