El Gobierno convoca a una comisión para reformar la Ley de Inteligencia

La comisión deberá convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en la materia.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió con la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, para ultimar los detalles de la convocatoria a la Comisión para la Reforma de la Ley de Inteligencia Nacional y sus posteriores modificaciones.

Esta Comisión deberá convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en la materia y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI a distintas mesas de trabajo.

Esos grupos trabajarán sobre la reforma de la Ley N°25.520 (de Inteligencia Nacional), su modificatoria (Ley N°27.126) y los decretos 1311 y 2415, que constituyen el núcleo normativo del Sistema de Inteligencia Nacional, se informó oficialmente.

Según la resolución firmada por Caamaño luego del encuentro, el objetivo es “realizar una revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de dar respuesta a la instrucción del artículo 7° del DNU 52/19”, mediante el cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso la Intervención de la Agencia.

A su vez, “deberá elevar un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional en el plazo de 120 días corridos”.

En la resolución, la interventora de la AFI consideró que “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia, deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia”.

Esa estructura deberá ser “compatible con el Estado democrático de derecho y los Derechos Humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para le ingreso, formación y capacitación del personal.

También la “planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.

(Telam)

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