Tierra del Fuego firmó convenios clave en el Consejo de Seguridad Interior para fortalecer la lucha contra delitos económicos y la trata

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur participó del Consejo de Seguridad Interior 2026, encuentro que se desarrolló este lunes en el Centro de Convenciones Córdoba y que reunió a ministros y representantes de seguridad de todo el país para coordinar políticas destinadas a fortalecer la seguridad interna.

La jornada estuvo encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. En representación del gobierno fueguino participó el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela.

El Consejo de Seguridad Interior funciona como un organismo político técnico de articulación entre el Gobierno nacional y las provincias, cuyo objetivo es coordinar políticas públicas para la prevención y el combate de delitos que afectan la seguridad interna, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059.

Durante el encuentro, la provincia firmó dos convenios de adhesión con Nación. El primero corresponde a la incorporación al Consejo Federal de Delitos Económicos, mientras que el segundo establece la adhesión a una guía técnica destinada a unificar criterios en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en casos vinculados a la trata de personas.

La incorporación al Consejo Federal de Delitos Económicos permitirá fortalecer la coordinación entre Nación, las 24 jurisdicciones provinciales y las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como locales. Este espacio funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional y tendrá como finalidad mejorar la prevención, investigación y seguimiento de delitos económicos.

Entre sus principales funciones se encuentra la articulación de información estratégica entre las áreas especializadas de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facilitando el intercambio de datos, el seguimiento de investigaciones y la asistencia técnica de fuerzas federales en casos que tengan impacto interjurisdiccional.

Además, el Consejo permitirá analizar y difundir tipologías delictivas, generar alertas tempranas y compartir buenas prácticas investigativas frente a delitos como la falsificación de moneda, el contrabando, los fraudes y las estafas que suelen replicarse en distintas provincias.

El segundo convenio establece la adhesión a una guía técnica especializada orientada a optimizar las investigaciones sobre desapariciones vinculadas a la trata de personas. A través de este instrumento, Nación y la provincia se comprometen a implementar buenas prácticas, capacitaciones conjuntas y mecanismos de cooperación institucional, sin modificar las competencias legales de cada jurisdicción ni generar erogaciones presupuestarias adicionales.

Entre las acciones previstas se destacan la difusión de la guía en las instituciones involucradas, el desarrollo de programas de formación técnica para los agentes que intervienen en estas investigaciones y el fortalecimiento de los vínculos operativos entre las distintas jurisdicciones.

Al respecto, el viceministro Gonzalo Valenzuela destacó que “estos convenios representan un salto cualitativo en nuestra capacidad de respuesta frente a delitos que trascienden las fronteras provinciales. La adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos nos permitirá contar con información estratégica y asistencia técnica para combatir el crimen organizado de manera más eficaz”.

En relación con el acuerdo sobre la búsqueda de personas, el funcionario agregó que “la unificación de criterios en la investigación de desapariciones, especialmente en casos de trata, es fundamental para garantizar una respuesta rápida y coordinada. Con esta guía técnica, nuestras fuerzas policiales estarán mejor preparadas para actuar en red con otras jurisdicciones, optimizando recursos y salvando vidas”.

Ambos convenios refuerzan el compromiso de la provincia con el fortalecimiento de las políticas de seguridad y justicia, en el marco de una estrategia federal que busca articular esfuerzos entre Nación y las provincias para enfrentar los desafíos delictivos actuales.