Denuncian presunto uso político de créditos del Banco Nación: investigan beneficios a funcionarios y dirigentes

En medio de un clima de creciente tensión política, una nueva denuncia pone bajo la lupa al Banco de la Nación Argentina y su política de otorgamiento de créditos. La diputada nacional Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica, solicitó a la Justicia que investigue una serie de préstamos concedidos a funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados al espacio gobernante.

La presentación judicial se apoya en informes periodísticos y datos públicos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, que darían cuenta de créditos por montos elevados otorgados a personas con inserción reciente en la función pública o con lazos políticos directos con el oficialismo.

Según detalla la denuncia, a partir del 31 de marzo comenzaron a circular listados con nombres y cifras que encendieron las alarmas. En ellos figurarían beneficiarios pertenecientes al actual entramado de poder: desde funcionarios del Poder Ejecutivo hasta integrantes del directorio del Banco Central, asesores, legisladores y referentes de la denominada “militancia digital”. En distintos medios, este conjunto de operaciones fue calificado como un “festival de créditos”, en referencia a la concentración de beneficiarios dentro de un mismo espacio político.

Entre los nombres mencionados aparecen el secretario de Finanzas Federico Furiase; directivos del Banco Central y del BICE; asesores del oficialismo; autoridades de empresas públicas; y diputados nacionales como Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. También se incluye el caso de Sharif Menem, asesor de la Cámara de Diputados y familiar de altas autoridades legislativas.

Uno de los puntos centrales que plantea la legisladora es la presunta falta de correspondencia entre los ingresos declarados por algunos beneficiarios y los montos de los créditos obtenidos, un criterio clave en cualquier evaluación bancaria. Además, advierte sobre situaciones en las que préstamos que habían sido rechazados en sucursales del interior habrían sido posteriormente aprobados tras la intervención de niveles jerárquicos superiores del banco.

La denuncia también pone el foco en la existencia de una posible “línea diferencial” de financiamiento para empleados y funcionarios públicos, reconocida por el propio Banco Nación. Para Frade, este esquema podría haber funcionado como una vía de acceso privilegiado al crédito, en detrimento de clientes comunes y con potencial impacto en la integridad financiera y reputacional de la entidad.

En su presentación, la diputada solicita que se investiguen delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. Asimismo, pide que se incorporen como prueba los legajos completos de los créditos otorgados, las actas de directorio que aprobaron dichas operaciones y peritajes contables que permitan determinar si existieron condiciones preferenciales o perjuicios económicos para el banco.

“La desproporción entre ingresos y monto de los créditos resulta la primera pista orientativa”, sostiene el escrito, que plantea la hipótesis de acuerdos irregulares mediante el relajamiento deliberado de controles internos.

Más allá de las responsabilidades individuales que puedan surgir, el caso abre un interrogante de fondo sobre el funcionamiento de una institución clave del sistema financiero argentino. El Banco Nación, encargado de administrar recursos públicos y depósitos de miles de ahorristas, queda así en el centro de una investigación que podría tener implicancias tanto judiciales como políticas.

Con esta denuncia, la Coalición Cívica busca que la Justicia determine si los créditos fueron otorgados bajo criterios técnicos y transparentes o si, por el contrario, respondieron a un uso discrecional de recursos públicos en beneficio de un sector político determinado.