Escándalo en la Policía de Córdoba: elevan a juicio una millonaria estafa piramidal gestada dentro de la fuerza
La causa “Zoe Azul” llegará a debate oral con diez imputados acusados de montar un esquema financiero ilegal que habría funcionado en la propia Jefatura policial. El perjuicio supera el millón de dólares y las víctimas incluyen a efectivos y sus familias.
La provincia de Córdoba se encamina a uno de los juicios más resonantes en materia de delitos económicos dentro del ámbito estatal. La Cámara 10 del Crimen de Córdoba llevará a debate oral la causa conocida como “Zoe Azul”, una presunta estafa piramidal que, según la investigación, operó durante años dentro del edificio central de la Policía de Córdoba.
El expediente, instruido por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, reconstruye un esquema que habría generado pérdidas superiores al millón de dólares. Las víctimas, en su mayoría, pertenecían a la propia fuerza policial o a su círculo cercano, lo que facilitó la expansión del fraude bajo una lógica de confianza interna.
De acuerdo con la investigación judicial, el mecanismo replicaba el funcionamiento clásico de un esquema Ponzi: los organizadores prometían retornos mensuales en dólares de entre el 7% y el 20%, cifras muy por encima de cualquier alternativa del mercado formal. La captación de inversores se apoyaba en vínculos personales y laborales, lo que reducía las sospechas y multiplicaba la adhesión.
Uno de los aspectos más graves del caso es el escenario donde se habrían concretado las operaciones. Según consta en la causa, reuniones, entrega de dinero en efectivo y firma de supuestos contratos se realizaban en dependencias de la propia Jefatura policial. Sin embargo, esos documentos carecían de sustento legal y las inversiones prometidas nunca existieron.
Como ocurre en este tipo de maniobras, los primeros participantes recibían intereses financiados con el dinero de nuevos aportantes, lo que sostenía la apariencia de rentabilidad hasta el inevitable colapso del sistema.
En la cima de la estructura aparece María Eugenia Zulberti, señalada como la principal responsable de organizar y administrar el circuito financiero ilegal. Junto a ella serán juzgadas otras nueve personas, acusadas de cumplir funciones clave como la captación de inversores, la administración de fondos y la coordinación operativa.
El caso sumó además un fuerte impacto público por la presencia entre los imputados de familiares de Mirta “Cuca” Antón, condenada por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Algunos de ellos ya admitieron su participación mediante juicios abreviados, mientras que otros enfrentarán el proceso oral.
La investigación había alcanzado inicialmente a 17 personas. No obstante, seis imputados ya fueron condenados tras reconocer su responsabilidad, mientras que otro de los acusados fue sobreseído por falta de pruebas.
El avance hacia el juicio oral no solo pone en foco un presunto fraude millonario, sino que también expone las fisuras institucionales que permitieron su desarrollo dentro de un ámbito estatal, en un caso que promete abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre controles, transparencia y responsabilidad dentro de las fuerzas de seguridad.
