ATE comienza un paro de 48 horas en Tierra del Fuego y profundiza el reclamo salarial
El gremio estatal anunció una medida de fuerza con movilización y asamblea ante la falta de respuestas del Gobierno provincial. Denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza y exigen una urgente reapertura de paritarias.
Río Grande: En un contexto de creciente tensión social y económica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Tierra del Fuego resolvió avanzar con un paro de 48 horas acompañado de movilización, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el sector público.
La medida, que incluye asambleas y acciones en distintos puntos de la provincia, surge tras la ausencia de respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial frente a los reiterados pedidos de recomposición salarial. Desde el gremio advirtieron que los ingresos actuales de los trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que agrava aún más la situación de cientos de familias fueguinas.
En el documento difundido, ATE remarca que la crisis económica impacta de lleno en el poder adquisitivo, generando un escenario “insostenible” para los empleados públicos. En ese sentido, cuestionaron la falta de convocatoria a negociaciones paritarias y denunciaron una “pérdida constante del salario frente a la inflación”.
La convocatoria, establece la concentración para este 5 de mayo frente a la Casa de Gobierno. Bajo consignas como “Paritarias urgente ya” y “La dignidad no se negocia, se defiende en la calle”, el gremio busca visibilizar el malestar creciente del sector y consolidar la participación de trabajadores de toda la provincia en la medida de fuerza.
La protesta no solo apunta a visibilizar el malestar del sector, sino también a exigir la reapertura urgente de las mesas de negociación. “No hay margen para seguir dilatando soluciones”, señalaron desde la conducción sindical, al tiempo que ratificaron el estado de alerta y movilización.
Con este nuevo plan de lucha, ATE busca presionar al Gobierno provincial para que atienda una demanda que, aseguran, atraviesa a toda la administración pública y refleja el deterioro generalizado de las condiciones de vida en la provincia.
