El Gobierno vetó la ley que suspendía el nuevo régimen de subsidios al GLP, pero amplió el alcance del beneficio
El Ejecutivo provincial rechazó la norma aprobada por la Legislatura que frenaba la nueva segmentación del subsidio al gas envasado. Sin embargo, anunció modificaciones que flexibilizan el sistema y amplían el universo de beneficiarios.
Ushuaia: El Gobernador Gustavo Melella resolvió vetar de manera total la ley sancionada recientemente por la Legislatura que suspendía la aplicación del nuevo régimen de asignación territorial y socioeconómica del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP), aunque paralelamente avanzó con cambios destinados a flexibilizar el esquema vigente y ampliar el acceso al beneficio.
La norma vetada había sido aprobada el pasado 30 de abril por amplia mayoría legislativa, con 13 votos afirmativos y únicamente dos rechazos correspondientes a los legisladores oficialistas Federico Greve y María Laura Martínez, integrantes del bloque FORJA.
El proyecto impulsado por la oposición proponía dejar sin efecto la aplicación de los decretos provinciales 2112/25 y 505/26, además de la Resolución 209/2026 del Ministerio de Economía, normas mediante las cuales el Ejecutivo había implementado nuevos criterios de segmentación territorial y socioeconómica para acceder al subsidio provincial al GLP.
El argumento del Gobierno: “invasión de facultades”
En los fundamentos del veto total, el Ejecutivo sostuvo que el sistema actualmente vigente fue elaborado sobre parámetros “objetivos, geográficos y de segmentación habitacional”, construidos a partir del cruce de información con bases de datos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.
Según el Gobierno, el objetivo del nuevo esquema es “optimizar la distribución de los recursos públicos y resguardar la equidad del beneficio social” en un contexto de fuerte presión financiera sobre las cuentas provinciales.
Uno de los principales argumentos jurídicos planteados en el decreto de veto fue que la Legislatura avanzó sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo vinculadas a la reglamentación y ejecución de políticas públicas.
En ese sentido, el documento firmado por el gobernador sostiene que la suspensión legislativa implicaba una “manifiesta invasión” de competencias constitucionales reservadas al Ejecutivo y vulneraba el principio republicano de división de poderes.
Crisis energética y presión sobre las cuentas públicas
Desde el Gobierno también justificaron la decisión en la compleja situación financiera que atraviesa el régimen de subsidios al GLP, agravada —según indicaron— por la desregulación nacional del mercado energético y el congelamiento de los aportes federales.
De acuerdo al Ejecutivo, el aporte nacional permanece congelado en 199 pesos por kilogramo desde septiembre de 2023, mientras que la Provincia debió absorber progresivamente los aumentos del costo del gas, la logística y la distribución para evitar trasladar el impacto total a los usuarios fueguinos.
El decreto advierte además que una suspensión integral del régimen habría dejado al Estado “sin herramientas de control y racionalización del gasto público”, generando un “inmediato e inconmensurable descalabro” presupuestario.
Cambios al régimen y ampliación de beneficiarios
No obstante el veto, el Ejecutivo avanzó simultáneamente con un nuevo decreto que introduce modificaciones importantes al esquema de subsidios, en lo que fue interpretado como una señal política orientada a descomprimir el conflicto y acercar posiciones con los sectores críticos del nuevo sistema.
Entre las modificaciones se estableció la ampliación del límite de ingresos familiares para acceder al subsidio.
El nuevo decreto eleva de 8 a 17 salarios mínimos, vitales y móviles el tope de ingresos para quedar excluido del beneficio, ampliando significativamente el universo de hogares alcanzados.
Con el Salario Mínimo Vital y Móvil ubicado actualmente en 363 mil pesos, el límite pasó de 2.904.000 pesos a 6.171.000 pesos mensuales.
El propio Ejecutivo reconoció en los fundamentos de la medida que el alto costo de vida en Tierra del Fuego provoca que numerosos hogares que superaban el límite anterior continúen teniendo dificultades para afrontar los costos energéticos, especialmente en una provincia atravesada por condiciones climáticas extremas y una fuerte dependencia del consumo de gas.