Bolivia deportó a legisladores argentinos y a integrantes de una misión humanitaria de Derechos Humanos
La delegación había viajado con el objetivo de relevar denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Sus integrantes denunciaron haber sido retenidos y obligados a regresar al país, mientras que Cancillería argentina atribuyó la medida a inconsistencias detectadas por las autoridades bolivianas.
Un grupo de legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una misión humanitaria fue deportado este lunes por decisión del gobierno boliviano encabezado por Rodrigo Paz Pereira, en un episodio que generó fuertes denuncias por parte de los integrantes de la comitiva y una respuesta oficial de la Cancillería argentina.
La delegación había arribado durante la madrugada al aeropuerto internacional de El Alto con el objetivo de realizar un relevamiento sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, a pedido de legisladores de ese país. Sin embargo, según denunciaron sus miembros, las autoridades migratorias les retuvieron la documentación y les impidieron ingresar, obligándolos posteriormente a abordar un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra para emprender desde allí el regreso a la Argentina.
La comitiva estaba integrada por el diputado nacional Juan Marino, de Fuerza Patria; la legisladora porteña Vanina Biassi, del Partido Obrero-Frente de Izquierda; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; María José Cano, representante de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otros dirigentes y activistas.
Tras el incidente, Vanina Biassi aseguró que permanecieron retenidos y denunció que fueron víctimas de una fuerte presión policial. La legisladora sostuvo que la misión tenía antecedentes de participación en situaciones similares y calificó el escenario político boliviano como “una verdadera dictadura militar”. Asimismo, afirmó que el gobierno de ese país busca avanzar hacia un estado de sitio.
Por su parte, Alejandrina Barry relató que las autoridades migratorias no les permitieron descender del avión y describió la situación como “un secuestro”. Además, denunció que intentaron obligarlos a firmar documentación con argumentos que calificó como falsos respecto de los objetivos del viaje.
La respuesta de Cancillería
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, encabezado por Pablo Quirno, se informó que la decisión adoptada por Bolivia respondió al ejercicio de sus “facultades soberanas” y que las autoridades del país vecino habrían detectado inconsistencias en las condiciones declaradas para el ingreso de la misión.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Cancillería explicó que la denominada “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos” había informado que su propósito era realizar un relevamiento de la situación de los derechos humanos en Bolivia. Sin embargo, según la versión oficial boliviana, durante los controles migratorios se habrían constatado diferencias entre las actividades declaradas y aquellas anunciadas públicamente por los integrantes de la delegación, además de presuntas irregularidades vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación local.
En ese marco, las autoridades bolivianas resolvieron no autorizar el ingreso de la comitiva y dispusieron su inmediata deportación.
Por último, el Gobierno argentino señaló que la Embajada en Bolivia y los consulados generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron los mecanismos de asistencia consular y mantuvieron contacto permanente con las autoridades competentes para acompañar la situación de los ciudadanos argentinos involucrados.