Araujo Hernández impulsa un proyecto para recuperar el carácter solidario y reforzar el control del sistema de salud

El diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto de ley denominado “Fortalecimiento, Transparencia y Sustentabilidad del Sistema Nacional del Seguro de Salud”, con el objetivo de recuperar el carácter solidario del sistema y establecer reglas más estrictas sobre el destino, administración y control de los recursos de la seguridad social destinados a la cobertura médico-asistencial.

La iniciativa parte de una premisa central: los aportes realizados por trabajadores y empleadores para financiar la seguridad social en materia de salud deben mantener una afectación específica y no pueden ser considerados recursos de libre disponibilidad ni derivados hacia finalidades ajenas al sistema sanitario.

En ese sentido, el proyecto establece que los aportes y contribuciones obligatorios de la seguridad social constituyen recursos públicos destinados exclusivamente al financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y plantea que no puedan ser apropiados, cedidos, transferidos o afectados a sujetos ajenos al sistema.

“Estamos recuperando la función para la cual fue creado el Sistema Solidario de Salud: que los recursos de la seguridad social tengan un destino sanitario concreto y que la solidaridad vuelva a ser el principio ordenador del sistema”, sostuvo Araujo Hernández.

El Fondo Solidario, en el centro de la propuesta

Uno de los ejes principales de la iniciativa está puesto en el Fondo Solidario de Redistribución, que el proyecto propone fortalecer y redefinir como un patrimonio de afectación específica dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Según la propuesta, el Fondo tendrá como finalidad promover la equidad, la solidaridad y la sustentabilidad del sistema mediante mecanismos objetivos de compensación financiera entre los distintos agentes del seguro de salud.

El proyecto también establece reglas específicas para determinar cómo se distribuirán las contribuciones patronales.

Cuando el trabajador permanezca en la obra social correspondiente a su actividad, el 85% de la contribución patronal será destinado a ese agente del seguro de salud, mientras que el 15% restante integrará el Fondo Solidario de Redistribución.

En los casos en que el trabajador ejerza su derecho de opción por otro agente del seguro, la distribución planteada será del 50% para el agente elegido y del 50% para el Fondo Solidario de Redistribución.

Araujo Hernández aclaró que la iniciativa no busca eliminar el derecho de opción de los trabajadores, sino modificar el esquema de distribución de los recursos para preservar el componente solidario.

“No estamos eliminando el derecho de opción del trabajador. Estamos regulando el destino de las contribuciones patronales para preservar la solidaridad del sistema y evitar que la libre elección termine debilitando el financiamiento de las obras sociales y del Fondo Solidario”, explicó.

Más transparencia y trazabilidad de los recursos

El segundo gran eje del proyecto está relacionado con la transparencia y el control sobre los fondos.

La propuesta plantea que, si los recursos tienen carácter solidario y una afectación específica, quienes estén a cargo de su administración deben quedar sujetos a mecanismos de fiscalización más rigurosos.

Para ello, establece obligaciones de publicidad permanente respecto de los recursos que ingresan al Fondo, su distribución, los criterios utilizados para asignarlos, los programas financiados y la ejecución presupuestaria.

Además, crea un Registro Público de Distribución del Fondo Solidario de Redistribución, donde deberán quedar asentadas las transferencias realizadas, junto con información sobre el destinatario, el monto, el fundamento normativo y técnico, la finalidad y la fecha de cada operación.

La iniciativa incorpora también la obligación de realizar auditorías externas anuales e independientes, publicar estados contables auditados, presupuestos, gastos administrativos, contrataciones, remuneraciones de las autoridades e indicadores de gestión.

El incumplimiento de las obligaciones de transparencia, publicidad, auditoría e integridad institucional será considerado falta grave y quedará sujeto a un régimen específico de sanciones.

“Estamos recuperando la afectación específica de los fondos, pero no pretendemos volver a un esquema en el que los recursos se administren sin suficiente control. Todo lo contrario: proponemos un sistema mucho más riguroso, donde se pueda saber cuánto dinero ingresa, dónde se asigna, con qué criterio, quién lo recibe y para qué se utiliza”, afirmó el diputado.

Una comisión bicameral y mayor participación

El proyecto también propone ampliar los mecanismos de control institucional sobre el funcionamiento del sistema. Entre sus principales medidas figura la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud, que tendrá entre sus funciones analizar la evolución financiera y prestacional del sistema y evaluar particularmente la administración y distribución del Fondo Solidario de Redistribución.

La comisión podrá requerir información, convocar a funcionarios y especialistas y realizar audiencias públicas.

A su vez, la iniciativa plantea la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de organizaciones sindicales, agentes del seguro, entidades de medicina prepaga, asociaciones de pacientes, personas con discapacidad, jubilados, universidades, entidades científicas, prestadores y organizaciones de usuarios.

El esquema se completa con la realización de una Audiencia Pública Nacional anual, en la que deberán presentarse, entre otros aspectos, la ejecución del Fondo Solidario de Redistribución y los principales indicadores financieros del sistema.

“Solidaridad y control no son conceptos contrapuestos”

Para Araujo Hernández, el desafío consiste en recuperar el principio solidario sin resignar herramientas de control, eficiencia y rendición de cuentas.

“La solidaridad y el control no son conceptos contrapuestos. Por el contrario, cuanto más importante es el carácter solidario de los recursos, mayor debe ser la responsabilidad de quienes los administran”, afirmó.

En esa línea, el proyecto incorpora indicadores de calidad prestacional, un Informe Nacional de Sustentabilidad, mecanismos de evaluación permanente del desempeño de los agentes del sistema y herramientas destinadas a medir la utilización del Fondo y verificar que los recursos cumplan efectivamente con su finalidad redistributiva.

“Queremos recuperar un sistema solidario, pero hacerlo con las herramientas institucionales del presente: afectación específica, transparencia activa, auditorías independientes, trazabilidad de los fondos, control parlamentario, participación de los trabajadores y de los usuarios y sanciones frente a los incumplimientos”, concluyó el legislador.

La iniciativa apunta, en definitiva, a que los recursos provenientes de la seguridad social permanezcan vinculados a la función sanitaria para la que fueron establecidos, al tiempo que busca fortalecer los mecanismos de solidaridad entre los beneficiarios y avanzar hacia un Sistema Nacional del Seguro de Salud con mayores niveles de transparencia, control, sustentabilidad y rendición de cuentas.