Nuevo paro universitario: docentes reclaman al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento
La medida de fuerza se extenderá desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto y tendrá alcance en universidades de todo el país. Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo, reclaman una recomposición salarial del 31,2% y cuestionan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La tensión entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional vuelve a trasladarse esta semana a las aulas. Federaciones docentes anunciaron un nuevo paro en las universidades públicas para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, y exigir una respuesta ante lo que consideran un sostenido deterioro de las condiciones salariales y presupuestarias del sistema.
La medida de fuerza comenzó este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22. La convocatoria es impulsada principalmente por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y contempla la adhesión en las distintas facultades, aunque la modalidad dependerá de cada cátedra.
Mientras dure la protesta, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires informaron que los edificios de todas sus facultades permanecerán abiertos, por lo que la actividad podrá variar de acuerdo con la decisión de cada espacio académico.
El reclamo gremial no se limita a la aplicación integral de la normativa de financiamiento. Los sindicatos también advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes, al tiempo que reclaman una actualización de las partidas destinadas a los hospitales universitarios y a las becas para estudiantes.
Reclamo por una recomposición salarial
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los salarios. Según denunciaron desde AGD-UBA, los trabajadores universitarios constataron al percibir sus haberes correspondientes a julio que el Gobierno nacional continúa sin cumplir con la recomposición prevista por la Ley de Financiamiento.
Los gremios estiman que la recomposición salarial adeudada alcanza el 31,2%, a lo que agregan el reclamo por el pago retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la normativa.
La continuidad del conflicto fue definida en el Congreso de la Conadu Histórica, realizado el miércoles 5 de agosto, donde se resolvió profundizar el plan de lucha con una nueva medida de fuerza durante esta semana.
Desde AGD-UBA señalaron que la asamblea del gremio tomó ese mandato y planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado, hasta obtener el cumplimiento de las obligaciones que, según sostienen, el Estado mantiene con las universidades nacionales.
Críticas al acuerdo salarial y pedido de una nueva marcha
En ese escenario, la organización gremial también cuestionó la propuesta de recomposición salarial discutida en las últimas semanas. Desde AGD-UBA sostuvieron que la asamblea rechazó la posibilidad de aceptar un incremento que consideraron insuficiente frente al porcentaje que reclaman.
Para el gremio, la propuesta representaba menos de la mitad de la recomposición que consideran adeudada y, además, podía convertirse en una herramienta para extender los plazos de cumplimiento de la legislación vigente.
El sindicato también puso el foco en las diferencias existentes entre las posiciones de las organizaciones que representan a las universidades y las de los trabajadores. En particular, cuestionó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente resoluciones judiciales relacionadas con el conflicto.
Desde la organización docente sostienen que, pese a esas novedades, los trabajadores universitarios continúan sin percibir lo que consideran que les corresponde por ley.
Un conflicto que vuelve a las aulas
Con el nuevo paro, las universidades nacionales vuelven a quedar en el centro de una disputa que combina financiamiento, salarios, presupuesto y condiciones de funcionamiento. Los gremios buscan que el reclamo no quede limitado a una negociación salarial y exigen que el Gobierno avance con la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, la actividad académica quedará sujeta a la adhesión de cada cátedra y unidad académica, en una semana en la que las federaciones docentes anticipan que continuarán con el plan de lucha y evalúan nuevas medidas, incluida una posible movilización nacional.
El conflicto, lejos de cerrarse, vuelve así a plantear una discusión de fondo sobre el financiamiento de las universidades públicas y el poder adquisitivo de quienes sostienen cotidianamente su funcionamiento.