Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo y busca evitar el cierre de sus plantas

La crisis que atraviesa Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo y llegó a los tribunales. La empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores luego de reconocer un pasivo de $15.945 millones, en un intento por reordenar sus obligaciones, evitar una eventual quiebra y encontrar un camino que permita recuperar progresivamente la actividad.

El expediente fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires y pone bajo la lupa la situación financiera de una compañía cuya actividad tiene impacto no solamente sobre sus trabajadores, sino también sobre productores tamberos, transportistas, proveedores y distintas economías locales vinculadas con sus plantas.

La empresa, administrada por la familia Espiñeira, busca reorganizar sus compromisos en medio de una situación que ya provocó la interrupción de la actividad en sus establecimientos de Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe.

Una deuda que se multiplicó

Los números presentados ante la Justicia permiten dimensionar la magnitud de la crisis.

Lácteos Verónica declaró una deuda bancaria cercana a los $4.745 millones. A ese monto se suman más de 2.900 cheques rechazados, cuyo valor acumulado supera los $11.200 millones.

En conjunto, el pasivo reconocido alcanza los $15.945 millones.

Entre los acreedores aparecen entidades bancarias, cooperativas de crédito y una extensa lista de proveedores vinculados directa o indirectamente con la cadena láctea, en una trama de obligaciones que excede a la propia empresa y alcanza a distintos actores de la actividad productiva.

El deterioro financiero también tuvo consecuencias concretas sobre los trabajadores de las plantas, que comenzaron a reclamar por salarios adeudados y atrasos en los pagos.

El intento de evitar una crisis mayor

Antes de recurrir a la Justicia comercial, la compañía había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis, una instancia destinada a buscar alternativas frente a las dificultades económicas y preservar las fuentes laborales.

Dentro de ese proceso se había planteado la posibilidad de desvincular aproximadamente a 200 trabajadores.

Sin embargo, la medida no logró destrabar el conflicto ni permitió recuperar la normalidad en las plantas, por lo que la empresa finalmente avanzó con la presentación del concurso preventivo.

La apertura del procedimiento judicial no implica, por sí misma, que la compañía haya quebrado. Se trata de una herramienta prevista para empresas que atraviesan dificultades financieras y buscan renegociar sus obligaciones con sus acreedores bajo supervisión judicial.

El objetivo, en este caso, será encontrar un acuerdo que permita ordenar las deudas y sostener la continuidad de la actividad.

El impacto llega a los tambos

Mientras la empresa intenta reorganizar sus finanzas, la crisis también golpea a los productores que durante años tuvieron a Lácteos Verónica como destino de su producción.

Alrededor de 150 productores tamberos denunciaron pagos pendientes por la leche entregada a la compañía. Distintas estimaciones ubican esas obligaciones en torno a los 60 millones de dólares.

Para los tambos, la situación representa un problema que excede la discusión financiera: la producción de leche continúa todos los días y requiere afrontar costos permanentes de alimentación, energía, combustible, sanidad animal y salarios.

A diferencia de otras actividades, los productores no pueden simplemente detener la producción hasta que se resuelva el conflicto. La leche debe ser retirada y procesada, por lo que también necesitan encontrar rápidamente otras industrias capaces de recibir la materia prima.

La crisis de una empresa, así, termina trasladándose a toda la cadena productiva.

Plantas paralizadas y localidades en alerta

El impacto tampoco se limita a los establecimientos industriales.

Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi forman parte de entramados económicos locales en los que participan transportistas, comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores vinculados directa e indirectamente con la actividad láctea.

Por eso, la paralización de las fábricas genera preocupación en las comunidades donde están radicadas. La continuidad de la empresa no representa únicamente la preservación de puestos de trabajo dentro de las plantas, sino también el sostenimiento de una red de actividades que depende de su funcionamiento.

El escenario mantiene en alerta a todos los sectores involucrados, mientras se aguarda el avance del proceso judicial.

El futuro depende de una salida viable

El concurso preventivo abre ahora una etapa decisiva para Lácteos Verónica.

La compañía deberá presentar una propuesta capaz de ordenar sus obligaciones, obtener el respaldo necesario de sus acreedores y, al mismo tiempo, recuperar los ingresos que le permitan sostener la producción.

El desafío es especialmente complejo porque la empresa llega a esta instancia después de atravesar atrasos salariales, interrupciones en sus plantas, cheques rechazados y reclamos de productores que todavía esperan cobrar por la materia prima entregada.

Por ahora, el concurso preventivo aparece como una herramienta para intentar evitar un desenlace más grave.

El objetivo es que las deudas puedan ser reestructuradas y que la actividad vuelva a ponerse en marcha. Pero el futuro de Lácteos Verónica dependerá de que esa reorganización encuentre una salida concreta y sostenible para una empresa que hoy tiene comprometida no solamente su estructura financiera, sino también a una amplia cadena de trabajadores y productores que dependen de su continuidad.