Radar en Tolhuin: Taiana dijo que Defensa se enteró por la prensa y ahora debe explicar qué hizo el Estado nacional
La declaración del exministro de Defensa ante la Comisión Investigadora abrió un nuevo interrogante sobre los controles del Estado frente a una instalación que su propia cartera terminaría calificando como un riesgo para la seguridad nacional. Taiana sostuvo que conoció la existencia del radar de LeoLabs en Tolhuin en junio de 2023 a través de publicaciones periodísticas. La cuestión ahora es determinar cómo pudo una infraestructura ubicada en un territorio estratégico llegar a esa instancia sin que Defensa tuviera conocimiento previo y qué ocurrió después de que el organismo tomó conocimiento del caso.
La investigación sobre el radar de LeoLabs instalado en Tolhuin comenzó a transitar una etapa que puede resultar incómoda para quienes tuvieron responsabilidades institucionales durante el proceso. La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina inició en Buenos Aires la ronda de testimoniales y la primera declaración, la del exministro de Defensa de la Nación Jorge Enrique Taiana, dejó planteado un interrogante difícil de soslayar: ¿cómo se enteró el Ministerio de Defensa de la existencia de un radar instalado en una zona estratégica del país?
La respuesta de Taiana fue contundente: según declaró ante la Comisión, tomó conocimiento del equipamiento en junio de 2023 a partir de publicaciones e investigaciones periodísticas.
La afirmación adquiere una dimensión particular porque no se trataba de una infraestructura menor. El propio Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Taiana, elaboró posteriormente un informe técnico en el que sostuvo que el radar presentaba capacidades de uso dual y solicitó la cancelación y suspensión definitiva de su instalación y funcionamiento, argumentando riesgos para la seguridad nacional.
La contradicción aparente entre ambos momentos —un Ministerio de Defensa que dice haber conocido el radar a través de la prensa y, poco después, una cartera que lo considera potencialmente riesgoso para la seguridad nacional— es precisamente uno de los aspectos que la investigación legislativa deberá esclarecer.
La pregunta que queda flotando: ¿qué hacía Defensa mientras el radar se instalaba?
Taiana llegó a las 15:30 a la sede de la Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en Buenos Aires, acompañado por su exjefe de Gabinete, Héctor Mazzei; su vocera de prensa, Milagros Malamud; su secretaria privada y dos colaboradoras técnicas.
Durante la audiencia se aportaron fechas y precisiones sobre distintos actos administrativos producidos entre junio y el 10 de diciembre de 2023.
Pero el dato más significativo no parece estar solamente en lo que ocurrió después de junio, sino en lo que no habría ocurrido antes.
Si la declaración del exministro es tomada como punto de partida, la pregunta inevitable es por qué la cartera encargada de la Defensa Nacional no tenía conocimiento previo de una instalación ubicada en Tierra del Fuego, una provincia cuya posición geográfica resulta estratégica por su proyección hacia el Atlántico Sur, la Antártida y las Islas Malvinas.
La autorización original para la instalación había sido otorgada en noviembre de 2022 por un área dependiente de la Jefatura de Gabinete y, según documentación difundida posteriormente por el propio Ministerio de Defensa, sin la intervención técnica oportuna de esa cartera.
Ahí aparece uno de los puntos que la Comisión deberá investigar: si el problema fue exclusivamente una decisión de otro organismo o si también existieron fallas en los mecanismos de control y seguimiento que debía ejercer el Estado nacional sobre una infraestructura de características estratégicas.
Del desconocimiento al “riesgo para la seguridad nacional”
La secuencia resulta todavía más llamativa cuando se observa qué ocurrió después.
En agosto de 2023, el Ministerio de Defensa presentó un informe elaborado con participación de organismos y áreas técnicas, y Taiana pidió la cancelación y suspensión definitiva de la autorización para que LeoLabs operara el radar en Tolhuin. El documento sostuvo que el proyecto podía afectar intereses soberanos argentinos y que el equipamiento presentaba capacidades de uso dual.
Es decir, en pocas semanas el radar pasó de ser una instalación de la que el ministro dijo haberse enterado por la prensa a convertirse, para la propia cartera de Defensa, en un asunto vinculado con la seguridad nacional.
La diferencia entre ambos escenarios es demasiado importante como para quedar reducida a una discusión burocrática.
Si el Ministerio de Defensa no había sido consultado antes de la autorización, la investigación debe determinar por qué ocurrió. Y si efectivamente tomó conocimiento recién por publicaciones periodísticas, también corresponde establecer qué mecanismos institucionales fallaron para que una instalación de esas características no hubiera sido detectada previamente por las áreas competentes.
La explicación de Taiana también abre otra discusión
La legisladora Natalia Gracianía puso el foco precisamente en las explicaciones brindadas durante la testimonial.
“El Ministerio de Defensa se entera de esta situación —la instalación del radar en Tolhuin— a través de un tweet y que empiezan a tener algunas señales de alerta sobre la calidad de este radar, que consideraban que tenía una función dual, una función civil y una función militar”, señaló.
La frase coloca el debate en un terreno particularmente sensible: la capacidad del Estado para detectar, evaluar y controlar instalaciones de potencial interés estratégico antes de que sean denunciadas públicamente.
No se trata solamente de determinar quién firmó una autorización administrativa. También está en discusión la capacidad de los organismos nacionales para ejercer controles sobre actividades que puedan tener implicancias para la Defensa.
¿Quién tenía que desarmarlo?
La segunda gran discusión surgida de la audiencia está vinculada con las competencias.
Gracianía sostuvo que, según las explicaciones aportadas por Taiana, el Ministerio de Defensa no tenía facultades para ordenar directamente el desarme de la estructura y que esa atribución correspondía al Gobierno de Tierra del Fuego.
“Por la legislación vigente el Ministerio de Defensa no tiene la posibilidad de tomar esta decisión y sí la tenía el Gobierno de la Provincia en ese momento”, afirmó.
Este punto tampoco puede analizarse de manera aislada.
En septiembre de 2023, después de que el Gobierno fueguino reclamara la intervención nacional para garantizar la inoperatividad definitiva del radar, Taiana respondió que las medidas concretas para desactivarlo correspondían a la jurisdicción provincial.
La cuestión que queda planteada es si la delimitación de competencias explica por sí sola la demora en el desmantelamiento o si, por el contrario, existieron zonas grises, omisiones o falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones.
Una defensa nacional que se enteró por los diarios
El aspecto políticamente más sensible de la testimonial es, probablemente, el relato sobre el momento en que Defensa tomó conocimiento del radar.
Porque si un ministro de Defensa afirma que descubrió por publicaciones periodísticas la existencia de una infraestructura que posteriormente su propio organismo consideró potencialmente riesgosa para la seguridad nacional, la explicación no termina con la identificación de quién tenía la competencia administrativa para autorizarla.
Empieza allí.
La Comisión tiene ahora la posibilidad de reconstruir qué organismos nacionales conocían el proyecto, qué documentación circuló desde 2022, quién autorizó la instalación, qué controles fueron realizados y por qué el Ministerio de Defensa no intervino previamente, si efectivamente no fue consultado.
También deberá determinar qué hizo la cartera de Taiana una vez que tomó conocimiento y si las medidas impulsadas fueron suficientes y oportunas.
Las responsabilidades no terminan en una sola jurisdicción
El debate tampoco debería convertirse simplemente en un traslado de responsabilidades entre Nación y Provincia.
La autorización original, las actuaciones de organismos nacionales, la intervención posterior de Defensa, los reclamos del Gobierno fueguino y las decisiones administrativas posteriores forman parte de una misma secuencia que todavía necesita ser reconstruida.
De hecho, existen antecedentes documentales que muestran que la controversia sobre las competencias continuó durante 2023. Mientras Defensa sostuvo que la desactivación definitiva correspondía a la Provincia, desde Tierra del Fuego se reclamó una intervención nacional más directa.
Por eso, la pregunta central de la Comisión no debería limitarse a quién podía apagar el radar, sino también a por qué el Estado llegó tarde a advertir sobre su existencia y qué hizo cada organismo después de conocer sus características.
Una investigación que ahora obliga a mirar hacia atrás
La declaración de Taiana aporta una pieza importante, pero también deja nuevos interrogantes.
El exministro sostiene que conoció el caso por publicaciones periodísticas. Su cartera elaboró luego un informe técnico que pidió la cancelación definitiva del radar y advirtió sobre sus posibles implicancias para la seguridad nacional. Y meses después, el propio Taiana sostuvo que el desmantelamiento físico correspondía a la Provincia.
La Comisión Investigadora deberá ahora contrastar esas afirmaciones con expedientes, informes, autorizaciones, comunicaciones y testimonios.
La cuestión de fondo excede la disputa política entre jurisdicciones. Lo que está bajo análisis es cómo funcionaron los mecanismos de control del Estado argentino frente a una infraestructura instalada en Tierra del Fuego y vinculada con una empresa de capitales extranjeros, en un territorio particularmente sensible por su ubicación estratégica.
Y allí aparece el interrogante que difícilmente pueda ser esquivado: si la Defensa Nacional tomó conocimiento del radar por las publicaciones periodísticas, ¿quién estaba controlando aquello que el propio Ministerio terminaría calificando como un potencial riesgo para la seguridad nacional?
La ronda de testimoniales continuará con otros funcionarios y exfuncionarios. Será en esas declaraciones, y fundamentalmente en la documentación que logre reunir la Comisión, donde deberán buscarse las respuestas.
Redacción: Correo Diario