El caso Maricarmen sacude a España y pone la crisis habitacional en el centro del debate

La crisis habitacional que atraviesa España volvió a ocupar el centro de la escena política tras el desalojo de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en la misma vivienda de Madrid. El caso provocó una fuerte reacción social y derivó en acampes y protestas en la Puerta del Sol, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez busca convertir la indignación en nuevas medidas para regular el mercado inmobiliario.

El primer decreto que anunció el presidente Pedro Sánchez contaría con el apoyo de gran parte de los partidos políticos. Incluye: la prohibición de desalojos hhasta 2030 lla regulación del alquiler de temporada y de habitaciones la prohibición de la compra de fondos de inversión hhasta 2028y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

En tanto, en el segundo decreto el gobierno español contempla la renovación automática de los alquileres, lo que, en la práctica, supondría una congelación inmediata de los precios. Sin embargo, esta cuestión sólo cuenta con el visto bueno de los partidos aliados de izquierda. En el Parlamento español el oficialismo no cuenta con mayorías.

La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró en la red social X la aprobación en el Consejo de Ministros de “todas las medidas del Decreto Maricarmen”, a favor de la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras la adquisición de la vivienda por una empresa inversora.

El desalojo de la mujer desató una ola de indignación en España y puso en primera plana de los principales medios de comunicación la crisis de acceso a la vivienda en el país europeo a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.

A partir del caso Maricarmen, miles de manifestantes y activistas ocupan desde el sábado la turística plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para denunciar la problemática habitacional y exigir leyes que protejan el derecho de acceso a la vivienda. Estas demandas han sido formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos.

A pesar del anuncio de los decretos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instó al Gobierno nacional a que desaloje cuanto antes los acampes frente a la sede gubernamental. Los jóvenes manifestantes y activistas indicaron a los medios locales que tienen pensado permanecer en ese sitio hasta el viernes, el día que el Gobierno quiere que se voten en el Congreso los DNU.

“Los madrileños están sufriendo una acampada ilegal. Del lado del sanchismo, del Ministerio del Interior, no están haciendo absolutamente nada. Se están generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes”, protestó este martes Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno madrileño.

“La impunidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas. Acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en un plazo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol,” arremetió, arremetió.

La respuesta del Gobierno madridista pone de manifiesto la bipolaridad partidaria de la problemática de la vivienda: Ayuso , del Partido Popular (PP), comulga con las ideas de la “libertad de mercado”, incluso en lo que respecta al acceso a la vivienda, por lo que considera que las medidas intervencionistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) van en contra de los propietarios, y remarca que en lugar de agrandar la oferta de alquiler, la van a reducir.

En ese sentido, durante su intervención en la inauguración del Madrid Investment Forum, tildó de “sectarias” y “profundamente ideológicas” algunas de las propuestas del oficialismo español e ironizó: “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido ya quedarme”.

El caso Maricarmen, la gota que rebalsó el vaso

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, vivió durante 70 años en el barrio madrileño de Retiro, junto al popular parque homónimo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y siempre pagó el alquiler, según sus partidarios.

El padre de Carmen firmó en 1956 el contrato de alquiler para la vivienda ubicada en la calleSainz de Baranda. Al fallecer, el contrato pasó a su esposa, que continuó viviendo en ese domicilio hasta su muerte en 2005, y fue heredado por Maricarmen.

Según detalla el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la legislación española establecía que los contratos de alquiler tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitaban el domicilio. Sin embargo, eso cambió a partir de 1985 con el decreto Boyer, que estableció alquileres temporales, aunque mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados previamente.

La jubilada llevaba años inmersa en una batalla judicial contra una empresa inmobiliaria que adquirió su apartamento y aumentó el alquiler mensual en un 275 por ciento, hasta 2.650 euros, de acuerdo con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

El sindicato y la abogada de Maricarmen denunciaron el caso ante las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU emitió el primero de junio de 2026 una resolución pidiéndoleal Estado español que suspenda el desalojo o que le proporcione otra vivienda adecuada.

Sin embargo, la disputa continuó hasta llegar al Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desalojo, añadió el sindicato.

En este marco, la semana pasada, un grupo de policías sacó por la fuerza a decenas de activistas que habían acampado ante el edificio de Maricarmen para tratar de impedir su desalojo, entre los gritos de “¡vergüenza!” de los manifestantes. El personal sanitario trasladó en camilla a la pensionista, que necesita una silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban “¡Maricarmen, no estás sola!” detrás de un cordón de seguridad.

Por su parte, Sánchez repudió el desalojo. “Esta es una tragedia social que no podemos aceptar”, declaró en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

A su vez, el presidente del gobierno les reprochó a las administraciones de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida que deberían haber atendido esta demanda social, y los acusó de poner sus intereses en la compra y venta de un millonario ático con dinero público, caso que se encuentra bajo investigación judicial.

No obstante, tras la ola de manifestaciones y acampes que se suscitaron en distintos centros turísticos del país español por la demanda habitacional, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, confió este martes que la mujer podrá regresar a su hogar bajo una nueva oferta.

En rigor, contó que tras la indignación social y la intensa atención mediática, Urbagestión, el fondo propietario del piso, ofreció el lunes ​por la noche un preacuerdo que podría permitir a Abascal volver a su casa si acepta ⁠sus condiciones.

En este sentido, indicó en una conferencia de prensa que existió “buena voluntad por ambas partes” y que su clienta pagará un monto similar de alquiler bajo un nuevo contrato. Hasta el momento, Maricarmen no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo y se desconoce su postura.