La frontera bajo la lupa: Amnistía denuncia abusos contra migrantes en Ceuta
La organización asegura haber documentado un posible patrón de violencia y discriminación contra migrantes en la ciudad española. También denunció expulsiones sumarias y una crisis de asistencia que afecta especialmente a menores y mujeres.
Golpes, expulsiones sumarias, obstáculos para solicitar asilo y falta de asistencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Ese es el escenario que, según Amnistía Internacional, atraviesan numerosos migrantes que llegaron a Ceuta en los últimos meses. La organización documentó testimonios de presuntas agresiones por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad españolas y advirtió que algunos de estos episodios podrían responder a un patrón de actuación.
La investigación fue realizada entre el 10 y el 15 de septiembre e incluyó decenas de entrevistas y 22 testimonios directos. A partir de esos relatos, Amnistía denunció presuntos casos de violencia física, perfilamiento racial y expulsiones de personas hacia Marruecos sin que se les hubiera permitido acceder a procedimientos de protección internacional.
Uno de los testimonios más graves corresponde a un migrante que se desplaza en silla de ruedas y que aseguró haber sido empujado por un militar desde una altura de unos seis metros. Según su relato, sufrió lesiones severas y no recibió la asistencia médica que necesitaba. Otros entrevistados describieron golpes con porras y puñetazos mientras permanecían inmovilizados con precintos.
La organización atribuye algunos de estos episodios a integrantes de los Regulares y de la Legión y sostiene que los testimonios recopilados permiten advertir elementos comunes entre las denuncias. Amnistía ya había expresado en agosto su preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza y posibles devoluciones sumarias en Ceuta.
Denuncias de expulsiones sin garantías
Otro de los principales cuestionamientos apunta a los procedimientos utilizados para devolver personas a Marruecos. De acuerdo con la investigación, testimonios y registros audiovisuales describen la intervención nocturna de soldados encapuchados que interceptarían a migrantes en las inmediaciones de la frontera, utilizarían spray irritante y los obligarían a regresar por la zona de la valla del Tarajal.
Entre los casos relevados figura el de un ciudadano yemení que aseguró haber sido trasladado contra su voluntad y entregado a la Policía marroquí sin haber tenido la posibilidad de solicitar protección internacional.
La cuestión del acceso al asilo ocupa un lugar central en las advertencias de Amnistía. La organización sostiene que personas procedentes de países afectados por conflictos, entre ellos Somalia y Yemen, permanecen en Ceuta sin haber podido acceder de manera efectiva a los procedimientos correspondientes.
En agosto, la entidad ya había reclamado a las autoridades españolas que garantizaran un acceso rápido y efectivo a la protección internacional y que cualquier retorno voluntario estuviera basado en el consentimiento libre e informado de la persona. También pidió que no se realizaran expulsiones colectivas o sumarias y que se respetaran las garantías individuales.
El impacto sobre menores y mujeres
La crisis adquiere una dimensión especialmente delicada cuando se analiza la situación de los menores no acompañados. Según los datos recogidos en la investigación, 2.383 menores fueron identificados oficialmente y entre 500 y 700 permanecerían actualmente en las calles sin una respuesta estatal suficiente.
Algunos de ellos tendrían apenas 12 años. Los testimonios recopilados describen a menores que concurren diariamente a dependencias policiales en busca de alojamiento y asistencia, pero que aseguran ser rechazados de manera reiterada.
La situación también afecta a mujeres y familias. Amnistía estima que alrededor de 800 mujeres, muchas de ellas acompañadas por sus hijos, permanecen a la intemperie. Durante el trabajo de campo, los investigadores encontraron familias instaladas en refugios improvisados y sin acceso adecuado a servicios básicos.
La preocupación por la falta de protección no es exclusiva de Amnistía. Más de 140 organizaciones sociales españolas reclamaron recientemente una ampliación de los recursos de acogida, una respuesta más rápida para las personas vulnerables y procedimientos individuales para determinar la situación de quienes solicitan protección internacional. Las entidades señalaron que entre las personas que permanecen en condiciones precarias hay menores no acompañados, mujeres y niñas víctimas de violencia, posibles víctimas de trata, solicitantes de asilo y familias con hijos.