Propiedad privada: El oficialismo logró dictamen y reincorporó la Ley de Tierras Rurales que había derogado Milei

En la antesala de una sesión especial en la Cámara de Diputados que tiene como objetivo debatir el DNU 70/2023, el oficialismo consiguió un nuevo avance legislativo con el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el texto incorporó una modificación que introduce una contradicción política: la restitución de la Ley de Tierras Rurales que el gobierno de Javier Milei había buscado eliminar al comienzo de su gestión.

El despacho fue firmado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, donde La Libertad Avanza reunió el respaldo de legisladores aliados del PRO y la Unión Cívica Radical. También acompañó el santafesino José Núñez, de Provincias Unidas, cuya incorporación al encuentro fue cuestionada por representantes de la oposición, que objetaron la rapidez del trámite mediante el cual fue habilitado para participar.

La discusión se produjo en un contexto de fuerte tensión parlamentaria, con la oposición buscando reunir el quórum necesario para rechazar el DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas del programa de desregulación impulsado por el Ejecutivo nacional.

Un cambio que contradice el rumbo inicial del Gobierno

La principal modificación al proyecto fue anunciada por el radical Diógenes González, vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según explicó, se incorporó un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el artículo 38, que deroga el artículo 154 del DNU 70/2023, y el artículo 39, que restablece la Ley de Tierras Rurales.

La incorporación, de acuerdo con González, fue impulsada por el interbloque de Fuerza del Cambio.

La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Su restitución supone revisar una de las modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei el 20 de diciembre de 2023.

El diputado nacional Diego Giuliano fue uno de los primeros en cuestionar el giro del oficialismo. Recordó que el Gobierno había derogado inicialmente la normativa y luego promovido cambios relacionados con los límites a la extranjerización de tierras rurales, al plantear elevar el porcentaje permitido del 15 al 25%.

“Parece una comedia”, resumió Giuliano, quien también cuestionó que el oficialismo terminara recurriendo a una ley sancionada durante un gobierno peronista para incorporar mecanismos de protección territorial.

“Vuelven a una ley del peronismo respecto a la protección de tierras”, sostuvo antes de la firma del despacho.

El cambio deja expuesta una tensión entre el impulso desregulador que caracterizó el comienzo de la gestión libertaria y la necesidad de construir acuerdos parlamentarios para sostener una iniciativa legislativa que ya sufrió modificaciones durante su paso por el Senado.

Tres capítulos aprobados y un proyecto que debe volver al Senado

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobado parcialmente por el Senado durante la madrugada del 7 de agosto, en una sesión atravesada por fuertes cruces dentro y fuera del Congreso.

De los seis capítulos que integraban la iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, solamente tres consiguieron avanzar en la Cámara alta.

Los apartados aprobados contemplan cambios en el régimen de expropiaciones establecido por la Ley 21.499, mecanismos para agilizar los desalojos —con criterios de resguardo para determinadas personas en situación de vulnerabilidad— y la creación del Registro de la Propiedad Inmueble.

Las modificaciones introducidas ahora en Diputados alteran el texto que había recibido media sanción y obligan a que, si la Cámara baja lo aprueba, la iniciativa regrese al Senado para que se pronuncie sobre los cambios.

Ese escenario abre un nuevo interrogante para el oficialismo. Según el artículo original, en el bloque libertario de la Cámara alta existen dudas sobre la conveniencia de insistir con el proyecto, debido al rechazo social que habría generado la discusión.

La oposición denunció una maniobra para condicionar la sesión

Las críticas opositoras no se limitaron al contenido de la iniciativa. También apuntaron contra la oportunidad en que se impulsó el dictamen, a pocas horas de la sesión especial prevista para este jueves a las 14, en la que distintos bloques buscarán debatir el DNU 70/2023.

La diputada nacional Paula Penacca calificó la maniobra como un “manotazo de ahogado” y la vinculó con un intento del oficialismo de desactivar o condicionar la convocatoria opositora.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un dictamen alternativo con cuatro firmas de Provincias Unidas y cuestionó la celeridad del procedimiento.

“No tiene antecedente alguno que lo hagan en menos de 24 horas, cuando tenían el expediente durmiendo el sueño de los justos, después del fracaso que vivieron y el desplume que tuvo este proyecto original en el Senado de la Nación”, afirmó.

Ferraro también rechazó que el oficialismo responsabilice a la oposición por impulsar el tratamiento de un decreto cuya constitucionalidad continúa en discusión. En ese sentido, recordó que el DNU ya había recibido el rechazo del Senado y cuestionó que el Gobierno no hubiera convertido antes en ley aquellos aspectos de su programa que ahora busca sostener mediante otras iniciativas.

“El oficialismo pretende tirarnos el fardo a la oposición de la irresponsabilidad de poner sobre el recinto un decreto inconstitucional en el que la cuestión de fondo no está resuelta, ni por la justicia, ni por la Cámara de Diputados, aunque cuenta con el rechazo del Senado de la Nación”, sostuvo.

Y concluyó: “El oficialismo tuvo tres años para poder convertir en ley lo que está y en parte quieren defender del DNU 70”.

Tres dictámenes y un escenario parlamentario abierto

El debate en comisiones también dejó en evidencia las diferencias entre los bloques opositores. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, acompañado por los diputados misioneros Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, de Argentina Federal.

A su vez, Ferraro impulsó un tercer despacho con el respaldo de cuatro integrantes de Provincias Unidas, mientras el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con el acompañamiento de sus aliados.

La disputa legislativa se desarrolla en dos planos: por un lado, la discusión sobre el alcance de la protección de la propiedad privada, los desalojos y el régimen de tierras rurales; por otro, la confrontación política alrededor del DNU 70/2023 y la estrategia de los bloques para definir su futuro en el Congreso.

La restitución de la Ley de Tierras Rurales introduce, además, un cambio significativo en el proyecto promovido por el propio Gobierno, que deberá afrontar una nueva instancia de negociación si la iniciativa avanza en Diputados y vuelve al Senado.

En la antesala de la sesión especial, el dictamen se convirtió así en otro capítulo de una disputa parlamentaria que excede el contenido técnico de una ley y expone las dificultades del oficialismo para sostener su agenda de reformas en un Congreso donde necesita acuerdos con otros bloques.