Financiamiento universitario: Un informe sostiene que el Presupuesto 2027 tiene fondos para cumplir la ley sin alterar el déficit

El financiamiento de las universidades nacionales vuelve a quedar en el centro de la discusión presupuestaria. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas, un informe de Zentrix Consultora plantea que el proyecto de Presupuesto 2027 cuenta con recursos suficientes para cumplir la Ley 27.795, que establece mecanismos de financiamiento para las casas de altos estudios y de recomposición de los salarios docentes.

De acuerdo con el análisis, la aplicación de la norma demandaría entre $2 y $3,65 billones durante el próximo año, según los componentes que se incorporen al cálculo. Frente a esa necesidad, el estudio identifica $5,93 billones que figuran dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro sin una asignación específica, fondos cuyo destino puede definirse durante la ejecución presupuestaria.

La conclusión de la consultora es que esos recursos podrían utilizarse para financiar las obligaciones universitarias sin incrementar el gasto total previsto ni modificar el resultado fiscal proyectado. La discusión, en ese escenario, no se limitaría a la disponibilidad de dinero, sino que también involucraría la decisión política de asignar una parte de los recursos contemplados en el presupuesto a las universidades nacionales.

Una ley vigente y un conflicto que continúa en la Justicia

La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en 2025, luego de que ambas cámaras insistieran con los dos tercios frente al veto presidencial. Aunque el Poder Ejecutivo la promulgó, su aplicación quedó suspendida mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento de que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias para ejecutarla.

Desde entonces, el conflicto se trasladó también al ámbito judicial. Según los antecedentes citados por Zentrix, la Justicia ordenó el cumplimiento de disposiciones vinculadas con los salarios y las becas, en una medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2026. Más recientemente, el 6 de octubre, un juzgado federal ordenó aplicar la ley en su totalidad, una decisión que el Gobierno nacional apeló.

Con ese escenario como telón de fondo, el informe busca responder una pregunta central para el debate: si el Presupuesto 2027 contempla recursos suficientes para cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

Cuánto costaría aplicar la norma

El estudio toma como punto de partida los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales y diferencia los costos según el alcance de la ley que se considere.

El cumplimiento de las disposiciones exigibles por la medida cautelar, referidas a la recomposición salarial y las becas, demandaría alrededor de $2 billones. En cambio, la aplicación integral de la norma, que incorpora también la actualización de los gastos de funcionamiento, el financiamiento de hospitales universitarios y recursos para ciencia y extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones.

Según las estimaciones de Zentrix, esos montos representan entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno.

La diferencia entre ambos escenarios resulta significativa: no se trata únicamente de recomponer los ingresos de docentes y no docentes, sino también de actualizar los recursos necesarios para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones universitarias y sus actividades de investigación y extensión.

Los fondos que el informe identifica dentro del Presupuesto 2027

Uno de los principales argumentos del análisis está puesto en la evolución de la partida Obligaciones a cargo del Tesoro. Según los datos relevados por la consultora, esa jurisdicción pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto presupuestario para 2027.

Dentro de ese total, $7,68 billones figuran bajo el concepto de “otras asistencias financieras”, sin un beneficiario definido de antemano. Para calcular los recursos potencialmente disponibles, el estudio descuenta $1,45 billones reservados para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $0,30 billones que ya se destinan a las universidades.

Luego de esas deducciones, la consultora identifica un margen de $5,93 billones sin asignación específica. De acuerdo con sus cálculos, el costo máximo estimado para aplicar integralmente la ley universitaria equivaldría al 62% de ese monto.

El dato constituye el núcleo de la conclusión del informe: según Zentrix, el proyecto presupuestario contempla recursos que podrían destinarse a cumplir la ley sin necesidad de aumentar el gasto total, aunque su utilización dependerá de las decisiones presupuestarias que adopte el Poder Ejecutivo y de las definiciones que surjan del debate legislativo.

La discusión por el equilibrio fiscal

El informe sostiene que reasignar esos recursos a las universidades no implicaría generar un gasto adicional, dado que el dinero ya está contemplado dentro del total de erogaciones proyectadas para 2027. El cambio consistiría en modificar el destino de una parte de las partidas, reduciendo el margen de discrecionalidad del Ejecutivo sobre esos fondos.

En materia normativa, el análisis señala que la Ley de Administración Financiera 24.156 contempla facultades para reestructurar créditos presupuestarios dentro de los límites establecidos. También menciona las atribuciones de reasignación previstas en el propio proyecto de Presupuesto 2027.

A su vez, la consultora plantea que el Congreso podría incorporar partidas específicas para la aplicación de la ley universitaria durante el tratamiento del presupuesto. El argumento se relaciona con el artículo 5 de la Ley 24.629, invocado para justificar la suspensión de la norma hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

De acuerdo con esa interpretación, incorporar los recursos al Presupuesto 2027 permitiría remover uno de los fundamentos utilizados para mantener suspendida la ejecución de la ley. Se trata, no obstante, de una interpretación jurídica expuesta por el informe, en un conflicto cuya resolución continúa sujeta a las instancias judiciales y legislativas correspondientes.

Salarios, inflación y funcionamiento universitario

Más allá de la discusión sobre la disponibilidad presupuestaria, el documento advierte sobre el deterioro de los ingresos del personal universitario y las dificultades para sostener las actividades académicas y científicas.

Según el relevamiento, cerca del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios. En ese contexto, la diferencia entre los créditos asignados y la evolución de la inflación repercute directamente sobre el poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

El estudio señala que, pese al acuerdo salarial alcanzado en junio, que interrumpió una caída de 19 meses, los salarios reales todavía se encontraban un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

También cita datos del Consejo Interuniversitario Nacional que indican que alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período. En materia científica, agrega que la ejecución real destinada a ciencia y técnica universitaria en 2025 equivalió al 38% de la registrada en 2023.

Estas cifras son presentadas por la consultora como parte del contexto que explica la discusión sobre el financiamiento: la actualización de los salarios, el sostenimiento de las becas y la disponibilidad de recursos para investigación y funcionamiento constituyen componentes centrales de la ley.

El Presupuesto 2027 abre un nuevo frente de discusión

El análisis también advierte sobre una posible tensión entre el artículo 12 del proyecto presupuestario y las obligaciones previstas por la Ley 27.795. Mientras el primero establece un crédito determinado y calcula los aumentos sobre las plantas de personal de noviembre de 2026, la legislación universitaria establece revisiones paritarias con intervalos no mayores a tres meses y una actualización salarial que no sea inferior a la inflación.

Según la estimación de Zentrix, si la inflación supera las previsiones oficiales, por cada cinco puntos porcentuales de desvío podrían quedar sin financiamiento alrededor de $0,32 billones.

La consultora sostiene que una ley presupuestaria no puede dejar sin efecto las obligaciones establecidas por una legislación vigente. Por eso, advierte que, si no se resuelve la compatibilidad entre ambas normas, el conflicto podría continuar durante 2027 y derivar en nuevas controversias judiciales.

En ese escenario, el desenlace dependerá de dos ámbitos: la Cámara de Apelaciones, que deberá revisar la sentencia de fondo, y el Congreso de la Nación, que tendrá la posibilidad de definir la asignación de recursos durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El planteo de Zentrix coloca así el debate universitario frente a una discusión que excede el monto de las partidas: determinar cómo se distribuyen los recursos previstos por el Estado y de qué manera se compatibiliza el equilibrio fiscal con las obligaciones legales de financiamiento de la educación pública.

Sobre el informe: el estudio de Zentrix Consultora se elaboró a partir de la Ley 27.795, el Decreto 759/2025, las leyes 24.156 y 24.629, el proyecto de Presupuesto 2027 y sus planillas, antecedentes judiciales y datos de organismos vinculados con el sistema universitario, el presupuesto público y las estadísticas nacionales. La información presentada corresponde al 13 de octubre de 2026 y las estimaciones están expresadas en pesos corrientes de 2027.