Río Grande marchó en defensa de la universidad pública y exigió al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Las calles de Río Grande volvieron a convertirse en escenario de una movilización en defensa de la educación pública. Las comunidades educativas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) protagonizaron una nueva jornada de protesta que tuvo como punto de encuentro la Plaza de las Américas, donde se dio lectura a un extenso documento con fuertes cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional.

La marcha reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y distintos sectores de la comunidad que acompañaron el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales. También participaron organizaciones sindicales, sociales y políticas, centros de estudiantes y veteranos de la Guerra de Malvinas, en una convocatoria que puso en el centro de la escena la defensa de la educación, la soberanía y la democracia.

Bajo la consigna “V Marcha Federal Universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia”, el documento leído durante la concentración planteó que la movilización no representa únicamente una demanda sectorial, sino una expresión colectiva en defensa de un derecho y de las instituciones públicas.

“Esta nueva Marcha Federal Universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron los organizadores.

El pronunciamiento apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo nacional por el incumplimiento de esa normativa y advirtió que el conflicto excede la discusión sobre los recursos destinados a las casas de altos estudios. Para los representantes universitarios, la controversia también compromete el respeto por las decisiones adoptadas por el Congreso de la Nación y por los pronunciamientos judiciales vinculados con el financiamiento del sistema.

“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, sostuvieron.

En esa línea, el documento hizo referencia a las decisiones judiciales que, según consignaron los organizadores, establecieron obligaciones relacionadas con los salarios universitarios y las becas estudiantiles. Asimismo, reclamó la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al considerar que sus disposiciones afectan normas aprobadas por el Congreso.

Salarios deteriorados y preocupación por el futuro del sistema universitario

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo relacionado con la situación salarial de docentes y no docentes, cuyos ingresos, según denunciaron los representantes universitarios, vienen sufriendo una pérdida sostenida de poder adquisitivo.

El documento describió el deterioro de las condiciones laborales y económicas de quienes sostienen diariamente las tareas de enseñanza, investigación, extensión y administración. En ese contexto, cuestionó la política de ajuste aplicada sobre las universidades y señaló que el salario constituye uno de los puntos más sensibles del conflicto.

“La decisión del Gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y no docentes”, afirmaron.

La preocupación expresada durante la movilización no se limitó a los ingresos actuales. Los organizadores advirtieron que la continuidad de esta situación puede comprometer las trayectorias académicas, dificultar la permanencia de profesionales y poner en riesgo conocimientos y capacidades técnicas construidos a lo largo de décadas.

Por ese motivo, reclamaron que las paritarias sean reconocidas como el ámbito institucional para discutir y resolver las condiciones laborales y salariales de los trabajadores universitarios.

Entre los reclamos pendientes, el pronunciamiento incluyó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario, la resolución de problemas vinculados con las plantas docentes y no docentes, el financiamiento de la capacitación, las garantías salariales y la incorporación de determinados montos a conceptos remunerativos y bonificables.

También manifestó preocupación por las condiciones del sistema de salud y previsional de los trabajadores universitarios. “No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna”, expresaron.

Becas, ciencia y tecnología: otros frentes del reclamo

La movilización también puso de relieve las dificultades que atraviesan los estudiantes y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para ingresar, permanecer y graduarse en las universidades públicas.

La actualización de las becas estudiantiles formó parte de las principales exigencias dirigidas al Gobierno nacional, junto con la asignación de mayores recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Desde la perspectiva de los organizadores, el financiamiento universitario no puede reducirse al sostenimiento de los edificios o al pago de los salarios. También implica garantizar las herramientas necesarias para que las instituciones puedan desarrollar sus actividades académicas, ampliar sus capacidades de investigación y contribuir al crecimiento del país.

En ese sentido, el documento reivindicó el papel de la educación superior y del sistema científico como pilares para alcanzar mayores niveles de desarrollo, autonomía y equidad social.

“Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, afirmaron.

La definición sintetizó uno de los principales mensajes de la jornada: la defensa de las universidades nacionales como instituciones estratégicas para la formación profesional, la producción de conocimiento y la construcción de oportunidades para miles de argentinos.

Educación pública, soberanía y democracia

El cierre de la movilización estuvo marcado por una reafirmación del compromiso de las comunidades educativas con la defensa de las universidades públicas y del sistema nacional de ciencia y tecnología.

En Río Grande, la presencia de organizaciones sociales, sindicales y políticas, junto con los veteranos de la Guerra de Malvinas, amplió el alcance de una convocatoria que vinculó el financiamiento educativo con la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El documento convocó a sostener la participación y la organización colectiva frente a las dificultades que atraviesa el sistema universitario, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar el derecho a la educación y el funcionamiento de las instituciones públicas.

La jornada concluyó con una declaración que reunió los principales ejes de la protesta: “Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada”.

Y dejó como última expresión una consigna que atravesó toda la convocatoria y volvió a resonar en la Plaza de las Américas: “¡Viva la universidad pública, viva el pueblo argentino!”