Piden informes al Gobierno sobre los constantes aumentos en los combustible
"Resulta vital que el gobierno brinde explicaciones toda vez que estos aumentos impulsan la inflación disminuyendo el poder adquisitivo del salario". Explico el senador fueguino Pablo Blanco.
El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto para solicitar al Gobierno Nacional que, mediante la intervención de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, informe cuál es la justificación técnica por la que se autorizó la sucesión continua y sistemática de incrementos en el precio de la nafta que se vienen observando desde enero de 2020 y por qué razón ante el reclamo de aumentos del sector no se empleó como recurso la reducción de los impuestos que constituyen uno de los componentes más que relevantes del costo de los combustibles sobre su precio final.
El proyecto fue acompañado por los senadores: Claudio Poggi; Pedro Braillard Poccard; Laura Rodríguez Machado; Mario Fiad; Alfredo De Angeli; Víctor Zimmermann; Silvia Elías de Pérez; Juan Carlos Marino; Silvia del Rosario Giacoppo y Stella Maris Olalla.
“Vemos, una vez más, el doble estándar que caracteriza la acción del gobierno: en lugar de regular el mercado con la posición dominante que ocupa, YPF busca generar caja y recaudación para los fines que el gobierno disponga, aún en perjuicio de los más necesitados a quienes todas las alzas de costos terminan perjudicando”.
“El impacto del costo de combustible en el transporte y en los bienes y servicios genera incrementos en la inflación justo en un momento en el que la recuperación económica como “rebote post-pandemia” generará mayor demanda y, consecuentemente, presión sobre precios”.
“Resulta vital que el gobierno brinde explicaciones toda vez que estos aumentos impulsan la inflación disminuyendo el poder adquisitivo del salario”.
“Nadie puede olvidar –afirma el senador en los fundamentos de la iniciativa– la multimillonaria deuda de impuestos generada por Cristóbal López (8000 millones de pesos) cuya percepción, en caso de ejecutarse con la diligencia debida tanto en lo administrativo como en lo judicial, permitiría la devolución de activos públicos hoy en manos privadas”.