El gobierno de Xiomara Castro declaró un toque de queda en la ciudad de Choloma y puso a la Policía Nacional a cargo de las cárceles.

Debido a las altas tasas delictivas y al crecimiento del fenómeno del crimen organizado en el país, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió tomar medidas drásticas que recuerdan a otro país de América Central. En los últimos días, la Policía Militar publicó a través de sus redes sociales distintas imágenes de miles de hombres en ropa interior y en cuclillas, unos contra otros, en los patios de las prisiones, custodiados por oficiales fuertemente armados. Esto rememora, sin dudas, a los golpes propagandísticos del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde rige un “estado de excepción” desde principios del año pasado.

Las medidas se tomaron en Honduras luego de que, durante el fin de semana del 23 y 24 de junio, se produjeron más de 20 muertos en una masacre en Choloma, al norte del país, mientras que cerca de 10 personas fueron asesinadas en distintos hechos a lo largo y ancho del territorio. La presidenta decidió declarar toque de queda en Choloma y en la ciudad de San Pedro Sula: “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que operan impunemente”.

El problema del narcotráfico en Honduras es de larga data. Gran parte de la droga que ingresa a Estados Unidos tiene como país de paso a Honduras. Los vínculos de los gobiernos que se sucedieron tras el golpe de Estado de 2009 con el negocio de las drogas ilegales, al parecer, no fueron pocos. Gran parte de las y los hondureños acusaban al poder político de turno de haber convertido al país en un “narco Estado” y eso fue una de las principales herramientas electorales que usó Castro en su campaña. Incluso el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una pena de cadena perpetua por narcotráfico.

El mismo expresidente está siendo investigado en Washington por narcotráfico y en su futuro podría enfrentar un pedido de extradición al país del norte para ser juzgado. El hijo de Porfirio Lobo Sosa, otro de los exmandatarios posteriores a Manuel Zelaya, también está detenido en Estados Unidos a causa de delitos del mismo tipo.

Al igual que en El Salvador, distintas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), emitieron sus protestas contra el gobierno. No obstante, como también sucede en el caso de Bukele, los índices de aprobación de las medidas tomadas por Castro son altos. Aunque se trata de un gobierno, en principio, de izquierda o centro-izquierda, las políticas de seguridad aplicadas no se condicen necesariamente con lo que esperaría el progresismo latinoamericano.

Las tasas de homicidio en Honduras se han reducido notablemente desde 2014, cuando el país presentaba un índice de 40 asesinatos cada 100.000 habitantes. En 2021, esa cifra arrojó el número de 39 homicidios por cada 100.000 hondureños, siendo el segundo año consecutivo donde ese dato se ubicó por debajo de los 40. De todas maneras, con ese número, Honduras sigue siendo uno de los países con las peores tasas de homicidios en toda América Latina, encontrándose tercero, apenas superado por Jamaica y Venezuela, que tienen 49 y 40 asesinatos cada 100.000 personas respectivamente.

Los crímenes que provocaron la declaración del toque de queda sucedieron apenas cinco días después de que 46 reclusas murieran en una pelea entre integrantes de pandillas rivales en una cárcel de mujeres. Héctor Zelaya, hijo de la presidenta y asesor del gobierno, defendió las medidas asegurando que se trata de decisiones contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura. “Estos esfuerzos son base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”, dijo. Además del toque de queda, el gobierno lanzó un plan de allanamientos, detenciones y retenes policiales.

Sumado a las elevadas cifras de violencia, o quizás como causa de ellas, Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica. El desempleo supera el 10%, mientras que el subempleo el 70%. Más de tres millones de hondureñas y hondureños enfrentan inseguridad alimentaria, al mismo tiempo que el país está endeudado en el 57% de su Producto Bruto Interno (PBI). Tras la pandemia de 2020, se produjeron cerca de 700.000 pobres nuevos.

Otro de los grandes problemas de Honduras es el de la migración forzada hacia otros países, especialmente a Estados Unidos. Cerca del 22% del PBI hondureño proviene de las remesas enviadas por migrantes residiendo en ese país. Durante 2021, cerca de la mitad de los más de 700.000 migrantes detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, eran hondureños.