Senadores se aumentan de nuevo el sueldo
Aprobaron un aumento del 6,5% en sus dietas, a pesar de la crisis económica y las recientes declaraciones gubernamentales que aseguran la falta de fondos.
En medio de un panorama económico asfixiante y tras reiteradas declaraciones del Gobierno nacional sobre la imposibilidad de aumentar salarios, los senadores nacionales aprovecharon un nuevo “pase libre” concedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel para asegurarse un incremento del 6,5 por ciento en sus dietas, lo que eleva sus ingresos a 9 millones de pesos brutos, que en el neto superarán los ocho millones.
La medida se produce mientras el gobierno insiste en que “no hay plata” para mejorar los sueldos de los trabajadores de la educación ni para incrementar el presupuesto universitario. Milei salió a criticar el aumento desligándose de que fue autorizado por las secretarías del Congreso, ámbito que maneja su propia fuerza junto con los bloques aliados.
El incremento en las dietas de los senadores, que se distribuirá en dos tramos —un 3,5% retroactivo al 1 de julio y un 3% adicional a partir del 1 de agosto—, fue posible gracias a una maniobra que permitió a los senadores engancharse al aumento que por paritaria recibieron los empleados del Congreso. La resolución lleva las firmas de María Laura Izzo, secretaria administrativa del Senado, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario, y extiende el mismo beneficio a los diputados, con el aval de Laura Oriolo, secretaria administrativa de Diputados, Diego Molina Gómez, secretario general, y los sectores sindicales.
El contraste entre este aumento y las recientes declaraciones de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien afirmó que “no hay dinero para aumentar el salario de los docentes universitarios”, causó indignación.
Hace pocos días Lemoine justificó el ajuste en la educación superior, argumentando que “la universidad sigue siendo una de las cosas que no podemos pagar en este momento”. Esta postura, que además cuestiona la calidad educativa, avivó el debate sobre las prioridades gubernamentales en un contexto de creciente malestar social.
La situación de los docentes universitarios es crítica. Según datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los profesores perdieron más de un tercio de su salario en los últimos seis meses debido a un ajuste presupuestario que ya provocó una de las mayores movilizaciones contra el gobierno. Aunque las protestas lograron que se aumentaran las partidas para gastos de funcionamiento, no se incluyeron mejoras salariales reales, lo que agudiza la precarización del sector.
Este escenario se vuelve aún más paradójico al considerar que el gobierno destinó recientemente 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), creada tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los fondos, de carácter reservado y sin rendición de cuentas pública, son un nuevo indicio de la desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades urgentes de los sectores más afectados por la crisis económica.