YPF, fondos buitre y un fallo polémico: la Justicia de EE.UU. golpea a Argentina y Milei apunta contra Kicillof
En un revés judicial con fuerte impacto político, la jueza neoyorquina Loretta Preska ordenó que Argentina transfiera acciones de YPF a dos fondos buitres. El presidente Javier Milei responsabilizó a Axel Kicillof, mientras especialistas advierten sobre el rol del gobierno actual en debilitar la defensa del país. La causa podría sentar un precedente alarmante para la soberanía de los Estados.
Las relaciones con el capital financiero internacional, eje del discurso y la política exterior del presidente Javier Milei, parecen generarle más problemas que beneficios. Este lunes, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló en dos ocasiones contra la Argentina en el marco de la causa por la expropiación de YPF. En primer lugar, ordenó la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo buitre Burford Capital; horas más tarde, instruyó que también se entreguen acciones al fondo Bainbridge, otro demandante con fallo favorable.
El presidente no tardó en buscar responsables y volvió a apuntar contra Axel Kicillof, a quien acusó de haber generado el conflicto judicial por su rol como ministro en la expropiación de 2012. Kicillof respondió denunciando el alineamiento ideológico y estratégico de Milei con Estados Unidos: “Algunos todavía se preguntan por qué viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…”, disparó.
Una jueza, dos fallos y un Estado en jaque
Los especialistas coinciden en que el accionar de Preska excede lo estrictamente jurídico. Su postura, sostienen, busca posicionarse por encima de la soberanía de un Estado y podría sentar un precedente histórico que afecte a cualquier nación que enfrente litigios similares con capitales financieros internacionales.
Según el abogado Sebastián Soler, la expropiación de YPF cumplió con todos los requisitos constitucionales argentinos: causa de utilidad pública, ley del Congreso e indemnización. Sin embargo, la magistrada hizo lugar a los pedidos de Burford, que compró derechos litigiosos a la familia Eskenazi, y a Bainbridge, que reclama una suma menor pero con intereses acumulados.
Ambos fallos ordenan que las acciones sean depositadas en custodia en el Bank of New York Mellon, como parte de una sentencia de 16.100 millones de dólares contra la Argentina. Además, Bainbridge pidió acceso a información sobre las reservas de oro del Banco Central argentino, lo que elevó la preocupación sobre una posible ofensiva más amplia contra activos del país.
Las contradicciones de Milei y el debilitamiento de la defensa
Aunque el gobierno de Milei se comprometió a apelar la decisión, juristas consultados por Página/12 remarcan dos problemas graves que debilitan la posición argentina:
- Las declaraciones públicas del presidente, que contradicen los argumentos legales presentados por la defensa oficial.
- El vaciamiento de la Procuración del Tesoro, con recortes de personal y presupuesto que afectan la capacidad técnica del Estado para afrontar este tipo de litigios.
Además, el nombramiento de Santiago Castro Videla como Procurador del Tesoro generó controversias. Se trata de un ahijado político del abogado Alberto Bianchi, quien actuó como testigo experto de Burford contra la Argentina en esta misma causa.
Un escenario de presión y estrategia judicial
El trasfondo del conflicto no se limita a lo jurídico. Los fondos utilizan el fallo como herramienta de presión política y económica. Con la llegada de Donald Trump al poder, Milei apostaba a un giro favorable en la política exterior estadounidense, pero la realidad está siendo muy distinta.
Durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia de EE.UU. incluso había respaldado a la Argentina en el litigio. Ahora, con la administración Milei en curso, la posición del país se ha debilitado, mientras los fondos buitres avanzan con sus demandas.
A nivel económico, el fallo generó una inmediata caída en las acciones argentinas y una suba en el precio del dólar, reflejando la incertidumbre de los mercados.
Un fallo que puede hacer historia
Aunque la sentencia aún no tiene aplicación inmediata —y se espera que la Corte de Apelación revise el caso— los expertos advierten que, de confirmarse, establecería un precedente peligroso. No solo para Argentina, sino para cualquier Estado soberano que enfrente demandas por decisiones de política pública.
“La jueza se ubica por encima de un país como si fuera una autoridad supranacional”, advirtió un jurista. Y concluyó: “Esto no es solo contra Argentina; es un modelo de presión global del capital financiero sobre las decisiones democráticas”.
