Salmoneras: Legisladores insisten en modificar la ley, pese al rechazo de la comunidad de pueblos originarios y ambientalistas

USHUAIA. A pesar de la oposición manifestada por diversos sectores sociales, científicos y representantes de los pueblos originarios, las comisiones de Ambiente Nº 3 y de Legislación General Nº 1 de la Legislatura fueguina continúan con el análisis del proyecto que propone modificar la Ley Provincial Nº 1355, que actualmente prohíbe la instalación de salmoneras en aguas lacustres y marítimas de Tierra del Fuego.

Durante el último encuentro legislativo, los parlamentarios resolvieron dictar un cuarto intermedio en el tratamiento del Asunto Nº 143/25, que busca habilitar la producción de salmónidos en el territorio provincial. En la sesión estuvieron presentes funcionarios del Gobierno, académicos, ambientalistas, activistas y referentes de comunidades indígenas.

Uno de los puntos más sensibles del debate es la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) a los pueblos originarios, un derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, con jerarquía supralegal en Argentina desde 1992 (Ley 24.071). Los parlamentarios en caso de avanzar en la aprobación a la modificación a la normativa vigente, sin la anuencia de la comunidad aborigen, estarían violando normas internacionales que protegen los derechos indígenas. Ante este escenario, los legisladores solicitaron al Ejecutivo precisiones sobre el cumplimiento efectivo de este mecanismo de participación.

Desde la Secretaría del espacio parlamentario se dio lectura a notas ingresadas que expresan posturas contrarias al proyecto, entre ellas las enviadas por la Asociación Manekenk y por comunidades indígenas que reiteraron su rechazo a cualquier modificación de la actual normativa ambiental. Los documentos quedaron a disposición de las y los legisladores para su análisis.

En representación del Ejecutivo, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, defendió el proyecto asegurando que se trata de una política moderna que promueve el desarrollo sostenible. “La acuicultura es la única actividad con tasa de crecimiento positiva en Tierra del Fuego, en un contexto nacional muy difícil”, explicó, y sostuvo que la normativa garantizará la preservación del ecosistema.

Sin embargo, la propuesta fue duramente cuestionada por especialistas como el antropólogo Ernesto Piana, quien recordó que la ley vigente tuvo repercusión internacional y fue sancionada por unanimidad. “Modificarla sería un retroceso en materia ambiental y una señal preocupante a nivel global”, expresó.

Cabe recordar que días atrás, los pueblos originarios habían difundido un pronunciamiento público en el que manifestaron su preocupación por la intención de modificar la normativa vigente sin garantizar su participación efectiva. En el documento, recordaron que sus derechos están protegidos por instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, 1965), el Acuerdo de Escazú (2018) y otros marcos jurídicos que reconocen el derecho a territorios libres de violencia y al respeto de sus decisiones en asuntos que afecten su hábitat y cultura.

El mentor del proyecto legislador Agustín Coto del bloque la libertada avanza, afirmó que cada bloque evaluará las propuestas del Ejecutivo antes de tomar una decisión.

Participaron también los legisladores Federico Greve (FORJA), Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF), Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), Juan Carlos Pino (PJ), Matías Lapadula (PG) y las legisladoras María Laura Colazo (PV), Natalia Gracianía (LLA), Gisela Dos Santos (ST), Myriam Martínez (FORJA) y María Victoria Vuoto (PJ).