Trabajo en negro en Argentina: 8,8 millones de trabajadores sin derechos ni protección

La informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino. De acuerdo con un relevamiento reciente del portal Argendata, curado por el economista Daniel Schteingart y elaborado por la fundación FUNDAR, el 42% de las personas ocupadas trabaja sin aportes, cobertura médica ni derechos laborales básicos.

Esto equivale a 8,8 millones de trabajadores: 5,5 millones son asalariados no registrados por sus empleadores y 3,3 millones son trabajadores no asalariados –cuentapropistas o patrones– que tampoco están inscriptos en el sistema previsional. El informe muestra cómo la informalidad, lejos de ser un fenómeno marginal, se ha consolidado como una característica estructural del empleo argentino.

Las diferencias dentro del universo laboral son notables. Entre los asalariados, la informalidad alcanza el 36%, pero sube al 57% entre los trabajadores independientes. Dentro de este último grupo, los cuentapropistas presentan una tasa alarmante del 62%, mientras que los pequeños empleadores registran cifras más bajas (inferiores al 20%), aunque igualmente preocupantes.

El sector económico donde se desempeña cada trabajador es uno de los factores más determinantes. Las tasas de informalidad son casi inexistentes en sectores como petróleo, minería, finanzas o servicios profesionales (menos del 15%), pero se disparan en rubros como el agro, la construcción, la gastronomía o el servicio doméstico, donde más del 60% de los trabajadores están fuera del sistema formal.

La geografía también profundiza la desigualdad. Las provincias del Norte Grande –como Salta, Santiago del Estero o Tucumán– registran tasas de informalidad asalariada superiores al 50%, asociadas a estructuras productivas frágiles, bajo nivel de inversión, y predominancia de actividades vinculadas a la economía popular. Por el contrario, la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires exhiben los niveles más bajos, por debajo del 20%, gracias a una mayor densidad empresarial, la presencia de grandes industrias y un entorno más favorable a la formalidad.

Históricamente, la informalidad en Argentina ha oscilado con el ciclo económico. En los años ‘80 afectaba al 27% de los asalariados; tras la crisis de 2001, trepó al 49%; y luego descendió entre 2003 y 2011, acompañando el crecimiento económico. Sin embargo, desde 2015, volvió a subir, producto de una década de estancamiento, baja inversión privada, caída del empleo formal y una creciente presión tributaria que desalienta la registración laboral.

Aunque Argentina muestra un nivel de informalidad inferior al promedio de América Latina, está por encima de países con similares niveles de ingreso per cápita. Mientras que Uruguay (9,6%) y Chile (14,8%) tienen tasas más bajas, Argentina (36%) supera incluso a Brasil (23,6%) y queda muy lejos de sus aspiraciones.

La informalidad tiene consecuencias directas: millones de personas quedan fuera del sistema previsional, sin licencias pagas, obra social ni representación gremial. Además, compromete la recaudación fiscal y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

Desde 2011, mientras gran parte de la región logró reducir sus índices de informalidad, en Argentina la tendencia fue la inversa. Para revertirla, los especialistas coinciden en que el crecimiento económico es necesario pero no suficiente: se requiere también un marco laboral que promueva la formalización, instituciones sólidas, incentivos adecuados y un sistema tributario que no penalice la legalidad.

Mientras tanto, más del 40% de los trabajadores argentinos siguen en situación precaria, enfrentando un escenario donde la informalidad no solo es común, sino muchas veces la única opción viable para sostenerse.

c5n