Cierre de Vialidad Nacional: Revés para el decreto de Milei y Sturzenegger.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato Sevina. El Gobierno no podrá avanzar con la disolución del organismo vial hasta que se resuelva su constitucionalidad.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió a favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y ordenó frenar el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, dispuesto recientemente por el Gobierno de Javier Milei en el marco de su política de desguace de organismos públicos.
La medida cautelar implica una orden de no innovar, por la cual el Ejecutivo no podrá avanzar con la disolución del ente vial hasta que la Justicia se pronuncie de manera definitiva sobre la constitucionalidad del decreto que busca su eliminación, impulsado por Milei y el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, expresó Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, tras conocerse el fallo.
Según la dirigente, Vialidad Nacional fue creada mediante un decreto-ley, lo que le otorga el carácter de ente autárquico, por lo tanto no puede ser disuelto por decreto simple, como pretendía hacer el Ejecutivo nacional. Además, aclaró que la Ley Bases no aplica a este tipo de organismos, por lo que la disolución sería inconstitucional.
Una batalla judicial que recién comienza
Desde el Gobierno ya anticiparon que apelarán la decisión judicial, aunque por el momento, el fallo representa un freno temporal a los planes oficiales de desmantelar la estructura vial nacional, actualmente encargada de la planificación, ejecución y mantenimiento de las rutas federales.
El reclamo de Sevina no fue el único. También el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó una acción de amparo no solo contra la disolución de Vialidad Nacional, sino también contra el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
En todos los casos, los gremios solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto y la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Este fallo se suma a una serie de reveses judiciales que ha enfrentado el gobierno de La Libertad Avanza en su intento de reformar el Estado mediante decretos y leyes delegadas, en medio de un clima de creciente tensión con diversos sectores sindicales, judiciales y sociales.
