El Gobierno vetó la redistribución automática de los ATN y reaviva la tensión con las provincias

En un momento de creciente presión fiscal y malestar político tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la Ley Nº 27.794, que establecía una redistribución automática y equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida fue formalizada mediante el Decreto 652/2025, y promete abrir un nuevo capítulo de conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias.

La ley vetada había sido sancionada por el Congreso con un amplio respaldo de gobernadores y bloques legislativos, oficialistas y opositores, que vieron en ella un paso hacia mayor transparencia y equidad federal. La norma proponía que los ATN —fondos que hoy son discrecionales— fueran distribuidos según los coeficientes de coparticipación establecidos por la Ley Nº 23.548, con transferencias diarias y automáticas, al estilo de los fondos coparticipables.

Pero para el Ejecutivo, esta reforma implicaba una desnaturalización de la función original de los ATN, creados como “instrumento extraordinario” para asistir a las provincias ante emergencias financieras, desastres naturales o situaciones imprevistas.

“Privar al Estado Nacional de esta herramienta para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de sus facultades constitucionales”, señala el decreto, que también invoca el artículo 75 inciso 2 de la Constitución, que establece criterios de equidad y solidaridad en el reparto de los recursos fiscales.

Una disputa de fondo: federalismo fiscal en crisis

La medida llega en un momento particularmente tenso. En varias provincias, los gobiernos enfrentan serios problemas de liquidez, caída en la recaudación y dificultades para pagar sueldos y sostener servicios esenciales. En ese marco, los ATN se han vuelto una tabla de salvación… pero en manos de la Casa Rosada.

Durante años, gobernadores de distintos signos políticos han denunciado el uso discrecional de estos fondos, que en muchos casos —sostienen— responden a afinidades políticas más que a criterios objetivos. El proyecto vetado buscaba terminar con esta discrecionalidad, institucionalizando un mecanismo transparente y previsible.

“El veto de Milei frustra esa aspiración y ratifica un modelo de gestión centralista”, señalaron voceros de varios gobiernos provinciales, que analizan ahora forzar una reversión del veto con los dos tercios en ambas cámaras del Congreso, aunque el escenario es difícil.

La visión del Gobierno: no a “reformas parciales”

Desde el Ejecutivo, en cambio, argumentan que la reforma “introduce un cambio estructural sin el consenso necesario” y que cualquier modificación al sistema de reparto debe surgir de un nuevo acuerdo federal, como el que el presidente impulsó bajo el rótulo del Pacto de Mayo.

“Admitir modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación importaría desconocer el carácter de pacto federal”, sostiene el decreto, citando fallos de la Corte Suprema.

El Gobierno defiende la necesidad de mantener los ATN como herramienta de uso discrecional, que —según argumenta— permitió asistir con rapidez a provincias ante emergencias hídricas, alimentarias y climáticas durante los últimos dos años. Además, subraya que la reforma vetada no contemplaba mecanismos para definir prioridades en contextos de crisis, lo que podría dejar a algunas provincias sin asistencia inmediata en situaciones críticas.

Tras la derrota electoral, una jugada política arriesgada

El momento político elegido para el veto no es casual. Apenas días después de la derrota oficialista en Buenos Aires y otras jurisdicciones clave, la Casa Rosada redobla su apuesta en defensa de un modelo de gestión hipercentralizado, que ha tensado la relación con las provincias desde el inicio del mandato.

La decisión podría tener consecuencias políticas concretas: varios gobernadores ya advirtieron que revisarán su apoyo al oficialismo en el Congreso, lo que podría complicar aún más la ya frágil agenda legislativa del Gobierno.

El conflicto por los ATN también reabre el debate más amplio sobre el federalismo fiscal, una deuda histórica de la democracia argentina. Aunque el oficialismo promete una “reforma integral” del régimen de coparticipación, no hay señales claras de cuándo ni cómo se avanzará en ese camino, mientras las urgencias financieras provinciales se multiplican.

Claves del veto a la Ley de ATN

• ¿Qué se vetó? La ley que convertía los ATN en fondos de distribución automática, diaria y equitativa, como la coparticipación.
• ¿Qué alega el Gobierno? Que los ATN deben seguir siendo discrecionales para responder a emergencias.
• ¿Qué dicen las provincias? Que el sistema actual es opaco, arbitrario y dependiente del humor político del Ejecutivo.
• ¿Qué puede pasar ahora? El Congreso puede intentar rechazar el veto con dos tercios de los votos, pero necesita mayorías difíciles de lograr.