Argentina al límite: entre el ajuste brutal y el espejismo electora

El riesgo país no logra perforar el piso de los 700 puntos y la calificación de la Argentina como deudor sigue en el escalón más bajo: “standalone”, una categoría que limita severamente el acceso al crédito internacional. A esto se suma un déficit comercial superior a los cinco mil millones de dólares y la incapacidad del Banco Central para acumular reservas. El plan económico hace agua por todos lados, mientras la conflictividad social se expresa con fuerza en las calles, en manifestaciones diarias. A pesar de este escenario, el gobierno mantiene altas expectativas en las elecciones de medio término, especialmente en Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

No hay motivos reales para festejar. El Ejecutivo recurre a la manipulación de datos para sostener una narrativa de crecimiento económico: anuncia un repunte del PBI que nunca llegó a superar el punto desde que asumió, o difunde cifras parciales del consumo, donde el 13% de aumento en los sectores más acomodados contrasta brutalmente con una caída del 12% en la base de la pirámide social.

Aún así, un sector de la sociedad sigue apostando por este modelo, al punto de apoyar a candidatos oficialistas en Rosario y en la provincia de Buenos Aires. Pero los mercados, que no se alimentan de relatos, comenzaron a retirarse del carry trade: el Gobierno sólo logró renovar el 40% de los vencimientos, lo que deja un pasivo de alrededor de seis billones de pesos en el aire.

La decisión de Morgan Stanley de mantener al país en la categoría “standalone” fue otro golpe a la confianza en un modelo centrado exclusivamente en lo financiero, que remite al esquema de endeudamiento externo del macrismo. Lo que queda fuera de ese plan es la destrucción de la economía popular y del aparato productivo, con Luis Caputo y Federico Sturzenegger como arquitectos del ajuste.

Levantaron parcialmente el cepo, pero mantuvieron pisado el dólar, lo que provocó una pérdida de cuatro mil millones de dólares de los fondos otorgados por el FMI. Ahora el gobierno ruega por un desembolso adicional de dos mil millones, mientras el Fondo exige, como condición, liberar totalmente el tipo de cambio, lo que implicaría una nueva devaluación antes de las elecciones de octubre. Pero los libertarios temen las consecuencias políticas de semejante medida.

“La macro está para el tuje y la micro es una tragedia social”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en su mensaje al Congreso del gremio bancario, desde su detención domiciliaria.

El Ejecutivo exhibe un superávit fiscal logrado a costa de asfixiar a las provincias, congelar la obra pública, recortar jubilaciones y salarios estatales, y desmantelar áreas clave del Estado como salud, educación, cultura y ciencia. Según la Cámara de la Construcción, el parque de infraestructura pierde valor a razón de 25 mil millones de dólares por año. El gobernador bonaerense ha reclamado que le transfieran las autopistas nacionales, indispensables para el desarrollo regional. Sin embargo, el Ejecutivo retiene recursos asignados por ley para el mantenimiento vial.

La tensión con las provincias crece. Los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño exigen el reparto justo de los fondos coparticipables y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Muchos de esos mandatarios votaron leyes clave para el oficialismo, a cambio de promesas que nunca se cumplieron. El Gobierno, centrado en consolidar su propio espacio político, ha abandonado sus alianzas previas y ahora concentra todos sus esfuerzos en las elecciones de medio término, con el foco en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En Rosario, el oficialismo apuesta a Juan Pedro Aleart, que compite mano a mano con Juan Monteverde, respaldado por gran parte del peronismo. Otra candidatura peronista, la de Roberto Sukerman, podría volcar la balanza si se lograra una unidad. En Buenos Aires, Javier Milei clausuró el primer congreso de su fuerza en un evento fuertemente custodiado en las afueras de La Plata, mientras afuera protestaban vecinos y organizaciones sociales.

Durante su discurso, Milei repitió las ideas del chileno Axel Kaiser, referente libertario de la Fundación Faro, conocido por declaraciones como “los progresistas tienen más probabilidades de tener enfermedades mentales que los conservadores”. Luego arremetió contra Axel Kicillof con insultos personales de tono violento y despectivo.

Pese a su falta de estructura y figuras de peso en Buenos Aires, los libertarios cedieron escasos lugares en sus listas al PRO, que atraviesa una profunda crisis. José Luis Espert encabezará la lista de diputados. En la campaña anterior, fue respaldado por Fred Machado, detenido en Neuquén por narcotráfico y lavado en EE.UU., cuyo avión y automóviles utilizó Espert en sus actos.

El nombre de Milei también apareció en la declaración de Hyden Davis, creador del token $Libra, que lo vinculó a una millonaria estafa previa al lanzamiento de la criptomoneda. Aunque el presidente defendió la operación como legítima, quedó expuesto internacionalmente.

En este panorama, según Management & Fit, un 47% de los bonaerenses estaría dispuesto a votar por un candidato afín al gobierno nacional, mientras que un 44% optaría por un representante del oficialismo provincial. Más allá de las dudas sobre la metodología de las encuestas, resulta alarmante que tantos votantes respalden un proyecto que atenta contra sus propios derechos y condiciones de vida.

El discurso político oficialista, basado en amenazas, no es un simple exabrupto: es un anticipo de lo que puede venir. Las amenazas se transforman en acciones. El plan económico actual sólo ha funcionado en una dimensión: la destrucción. Mientras tanto, se movilizan trabajadores del Garrahan, personas con discapacidad, jubilados, estatales, docentes y estudiantes. La crisis no es sólo económica: es también cultural, social y ética. Y lo más grave es que una parte de la sociedad parece dispuesta a seguir apostando por un experimento autoritario y autodestructivo.

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