Bolivia autoriza el despliegue militar mientras se agrava la crisis política y social
La Cámara de Diputados aprobó una ley que habilita una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos de rutas ya superan los 150 puntos en todo el país.
La crisis política y social en Bolivia continúa profundizándose y suma ahora un nuevo capítulo de fuerte impacto institucional. La Cámara de Diputados aprobó, con más de dos tercios de los votos, una ley que elimina las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La norma aprobada deja sin efecto la Ley 1.341, conocida como “Ley Copa”, vigente desde octubre de 2020, y abre la puerta para que el mandatario pueda avanzar hacia la declaración de un eventual estado de excepción.
Tras la aprobación legislativa, el proyecto fue girado al Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva, en un contexto de creciente tensión social y política que mantiene paralizado a gran parte del país.
Según argumentaron los legisladores que respaldaron la medida, la nueva normativa permitirá ampliar la capacidad de intervención militar para controlar los conflictos sociales que actualmente afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, especialmente en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro.
Bolivia atraviesa ya su cuarta semana consecutiva de protestas, movilizaciones y cortes de rutas impulsados por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y vecinales que reclaman la salida del Gobierno y cuestionan la situación económica y política del país.
Entre los sectores movilizados se encuentran agrupaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana, además de sindicatos mineros, fabriles, organizaciones campesinas y juntas vecinales.
El nivel de conflictividad se incrementó en las últimas horas y, según reportes oficiales, este martes los bloqueos de carreteras alcanzaron alrededor de 150 puntos en distintas regiones bolivianas, afectando seriamente la circulación y el abastecimiento interno.
La posibilidad de un mayor despliegue militar genera preocupación en distintos sectores políticos y sociales debido al riesgo de escalada de violencia en un escenario ya marcado por fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, el Gobierno de Paz sostiene que las medidas buscan garantizar el orden público y evitar el agravamiento de la crisis humanitaria derivada de los cortes de rutas y la interrupción del suministro básico en varias ciudades del país.