Buscan eliminar las jubilaciones de privilegio y estiman un ahorro millonario para el Estado

Las jubilaciones de privilegio volvieron a quedar en el centro del debate legislativo. Se trata de los regímenes especiales que alcanzan a expresidentes, exvicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, magistrados y altos cargos eclesiásticos, y que se traducen en asignaciones mensuales vitalicias cuyos montos oscilan entre los 2 y los 6 millones de pesos, e incluso superan los 15 millones en algunos casos.

Con ese telón de fondo, los diputados Carlos Zago y Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), impulsan un proyecto de ley que propone derogar definitivamente estos beneficios. La iniciativa volverá a ser tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de marzo de 2026.

El avance del proyecto se apoya en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al que accedieron los legisladores, y que estima que la eliminación de las jubilaciones de privilegio permitiría un ahorro anual de 1.234 millones de pesos para el Estado. El estudio fue solicitado por el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, actual presidente de la Comisión.

“Insistiremos con esta iniciativa que presentamos en 2024”, afirmó Falcone en declaraciones en medios nacionales, quien remarcó que tras un año y medio de la presentación del proyecto lograron que la Comisión requiriera finalmente el impacto fiscal de la medida. “Después de terminar con los privilegios de la casta, necesitábamos datos concretos sobre el ahorro para el Estado”, agregó.

El diputado fue aún más duro en redes sociales, donde cuestionó la falta de avances durante la gestión anterior de la Comisión: “Lo tuvimos que rajar a Espert para que se mueva”, lanzó, en referencia al exdiputado José Luis Espert, a quien —según señalaron desde el bloque— le habían solicitado en tres oportunidades el mismo informe sin obtener respuesta.

Desde el MID destacaron la decisión de Benegas Lynch de recurrir a la OPC, al considerar que ese organismo aporta información técnica clave sobre el impacto económico y fiscal de los proyectos legislativos.

La iniciativa propone derogar las leyes que establecen asignaciones mensuales vitalicias y regímenes previsionales especiales para una amplia lista de beneficiarios, entre ellos: arzobispos, obispos con jurisdicción y auxiliares, vicarios castrenses, sacerdotes del culto católico, funcionarios del Servicio Exterior de la Nación —como embajadores y ministros plenipotenciarios—, el presidente y vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema y magistrados del Poder Judicial.

La comparación con el sistema previsional general refuerza el planteo: actualmente, una jubilación mínima, sumado el bono mensual de 70 mil pesos, ronda los 440 mil pesos, una cifra muy distante de los ingresos que perciben quienes acceden a estos regímenes especiales.

No obstante, el proyecto contempla una excepción. El artículo tercero prevé que el presidente de la Nación, una vez finalizado su mandato, perciba una asignación mensual vitalicia equivalente al 80% de la remuneración vigente del cargo. En tanto, el artículo cuarto establece que, respetando el principio de irretroactividad de las leyes, el Poder Ejecutivo deberá invitar formalmente a expresidentes, exvicepresidentes y demás funcionarios alcanzados a renunciar voluntariamente a los beneficios actuales y, en el caso del expresidente, optar por el nuevo esquema propuesto.

Con el debate previsto para 2026, la discusión sobre las jubilaciones de privilegio vuelve a instalarse como uno de los ejes sensibles del ajuste del gasto público y del cuestionamiento a los regímenes especiales dentro del sistema previsional argentino.