Columna de Opinión: La “libertad” avanza, el trabajo retrocede

Por Mario Domingo Daniele; Senador Nacional (mandato cumplido) – Ex Intendente de Ushuaia.

Desde la asunción de Javier Milei, la economía argentina atraviesa un proceso sostenido de deterioro del entramado productivo, del empleo y del poder adquisitivo de la población. No se trata de percepciones ni de consignas políticas: son datos oficiales. Según el informe “Análisis de la dinámica laboral y empresarial”, elaborado a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 desaparecieron 20.134 empleadores en todo el país, lo que equivale al cierre de unas 30 empresas por día. En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados, es decir, más de 419 empleos formales diarios.

Este es el contexto real en el que debe analizarse la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia el arancel cero para la importación de teléfonos celulares. No se trata de una medida aislada ni meramente técnica, sino de la profundización de un modelo que destruye empleo, debilita la producción nacional y erosiona el tejido empresarial, con un impacto particularmente grave en provincias productoras como Tierra del Fuego.

En nuestra provincia, las consecuencias son directas y devastadoras. Alrededor de 8.500 personas trabajan de manera directa en el sector industrial, mientras que otras 7.300 lo hacen de forma indirecta. Desde Tierra del Fuego se produce el 94% de los equipos de aire acondicionado, televisores, microondas y teléfonos celulares del país, lo que da cuenta de la magnitud estratégica de esta actividad.

De acuerdo con el último censo del INDEC, Tierra del Fuego fue la provincia que más creció demográficamente en la Argentina y una de las que más expandió su empleo privado e industria en las últimas décadas. Ese crecimiento no fue casual: fue el resultado de políticas públicas sostenidas, inversión y una clara estrategia de desarrollo. Durante años, Tierra del Fuego fue una tierra de oportunidades, donde miles de familias llegaron en busca de progreso y lograron construir un proyecto de vida.

Lejos de ser un esquema rígido o estático, la provincia viene discutiendo de manera permanente cómo mejorar y diversificar su matriz productiva, incorporando mayor valor agregado, tecnología y empleo calificado. Las plantas fueguinas producen bienes de alta calidad, y ya quedó demostrado que el problema del precio final de los productos no radica en la producción local, sino en la extensa cadena de intermediación, logística y comercialización que se desarrolla desde que los bienes salen de la provincia hasta que llegan a las góndolas. Atacar la industria local no soluciona ese problema: lo profundiza.

Los efectos de esta política de apertura irrestricta ya comenzaron a sentirse. Empresas del sector en Ushuaia y Río Grande anunciaron que no renovarán alrededor de 700 contratos precarios, mientras que la caída de la producción pone en riesgo los puestos de trabajo de más de 6.000 trabajadores formales.

Los datos provinciales confirman la gravedad del escenario. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados en Tierra del Fuego cayó de 2.625 a 2.380, una reducción del 9,3%. En el mismo período, el empleo registrado se contrajo en 9.986 puestos (-12,5%), pasando de 79.760 a 69.774 trabajadores. La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados, junto con la construcción y los servicios. El ajuste atraviesa tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes empleadores, lo que evidencia un deterioro generalizado del sistema productivo.

A este panorama se suma la aceleración inflacionaria. El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue del 2,8%, por encima de lo previsto, y que la inflación interanual alcanzó el 31,5%, incrementándose por segundo mes consecutivo. Diciembre cerró incluso por encima del promedio mensual del año. En síntesis: los precios no bajan, la macroeconomía no se ordena y el empleo se destruye. Desde cualquier ángulo que se lo analice, el plan económico no está dando resultados.

La Ley 19.640, sancionada en 1972, fue una decisión estratégica del Estado argentino para poblar, desarrollar e integrar el extremo sur del país, una región de enorme valor geopolítico y proyección antártica. Gracias a esa política de Estado, Tierra del Fuego creció en población, educación, ciencia, turismo e industria. Reducir todo ese proceso histórico a una simple planilla de costos es desconocer la lógica del desarrollo y de la soberanía nacional.

Ningún país que aspire a un desarrollo sostenido renuncia deliberadamente a su industria. El crecimiento de China en las últimas décadas estuvo estrechamente ligado a una fuerte política de industrialización. Incluso hoy, en Estados Unidos, se discuten e implementan planes para reindustrializar la economía y proteger el empleo local. Si el único criterio fuera el precio, el mundo entero compraría a China y cerraría sus fábricas. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: las grandes potencias protegen sus sectores estratégicos porque saben que sin industria no hay empleo, no hay innovación, no hay progreso y, en definitiva, no hay futuro.

Argentina, una vez más, parece elegir el camino inverso.

No podemos permitir que, en nombre de un dogma de mercado, se desguace el esfuerzo colectivo de generaciones. Lo que está en juego no es solo el destino de una provincia, sino el modelo de país que queremos construir.

Defendamos, entre todos, el derecho de nuestro pueblo a tener futuro.