Deuda provincial pone en riesgo servicios y salarios en Ushuaia
Las autoridades municipales aseguran que la demora del Gobierno provincial afecta a toda la comunidad y sostienen que se trata de una decisión política de retener recursos.
La Municipalidad de Ushuaia volvió a reclamar al Gobierno de Tierra del Fuego la entrega urgente de los fondos de coparticipación y el avance en la cancelación de la deuda acumulada, que ya supera los 12 mil millones de pesos. Desde el Municipio advirtieron que la demora compromete seriamente la prestación de servicios esenciales y el pago de salarios a los trabajadores, afectando directamente a toda la comunidad.
La jefa de Gabinete, Yesica Garay, denunció que “hay una decisión política de no enviar los fondos” y remarcó que, hasta ahora, “no hubo ningún tipo de respuesta a los reclamos, ni formales ni informales”. Según explicó, el Municipio “va a agotar todas las instancias necesarias para defender su autonomía y los recursos que pertenecen a los vecinos y vecinas de Ushuaia”, al tiempo que reiteró la disposición a abrir un espacio de diálogo: “Estamos abiertos a una mesa técnica para abordar la situación de la coparticipación y otras problemáticas, pero no hubo ninguna iniciativa del Gobierno provincial en ese sentido”.
Garay advirtió además que “pretender despolitizar esta discusión es desconocer que se trata de recursos públicos que impactan directamente en la vida de la gente. Exigimos respuestas porque en el medio están las necesidades de la comunidad”. Por su parte, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, cuestionó la falta de interlocución institucional y sostuvo que “no hubo ningún tipo de contacto por parte del Gobierno provincial. Vamos a sostener el reclamo para poner fin a la discrecionalidad en el manejo de los recursos”.
Iriarte afirmó que “que el Gobierno utilice fondos que no le corresponden al Municipio responde a una decisión política. Meter mano en recursos ajenos es una irresponsabilidad enorme” y agregó que esta actitud “no contribuye al diálogo político”, recordando que ningún funcionario recibió el petitorio presentado durante la movilización de los trabajadores municipales. Pese a la situación, reiteró la predisposición del Municipio: “Siempre vamos a estar disponibles para dialogar, pero necesitamos definiciones concretas que permitan normalizar una situación que ya es crítica”.
En relación al contexto económico, Iriarte reconoció que “hay una caída de recursos producto del modelo económico nacional y que las provincias deben dar respuestas, pero de ninguna manera eso puede implicar apropiarse de fondos que pertenecen al Municipio”. Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, remarcó que “seguimos esperando una reacción del Gobierno provincial que permita transferir los fondos adeudados y garantizar el funcionamiento del Municipio”, y advirtió que “no hubo respuestas para evitar la judicialización del conflicto”.
Finalmente, Becerra subrayó que “mientras el Municipio cumple con un enorme esfuerzo con todas sus responsabilidades —sin deudas con la obra social, la caja de jubilaciones ni con los trabajadores—, resulta incomprensible una lógica que parece orientada a asfixiar financieramente a la ciudad”.
