Diputados aprobó con amplia mayoría la ley de Emergencia en Discapacidad pese al rechazo del oficialismo

Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

El proyecto —impulsado por diversos bloques opositores— fue aprobado con una holgada mayoría, pese al rechazo del oficialismo y de legisladores afines al gobierno de Javier Milei. La iniciativa contempla la recomposición de prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023, ajustadas por inflación, y una actualización automática mensual de las pensiones no contributivas, conforme al índice de precios al consumidor (IPC).

Además, el texto establece que las pensiones por discapacidad deberán mantenerse en un 70% del haber mínimo jubilatorio, y prevé compensaciones por el desfasaje entre el valor de las prestaciones y la inflación acumulada.

Posiciones encontradas en el recinto

Durante el debate, la diputada radical Soledad Carrizo advirtió que “el sistema de discapacidad necesita una salida razonable y coherente, para que las personas tengan lo que realmente necesitan”. En la misma línea, Melina Giorgi (Democracia para Siempre) señaló que “el equilibrio fiscal no puede lograrse ajustando sobre el sector de discapacidad”.

Desde el Frente de Izquierda, Vanina Biasi pidió que el Estado garantice “cambios significativos que mejoren la vida del colectivo asistido por discapacidad”. Por su parte, el diputado peronista Eduardo Valdés denunció que “los transportistas que asisten a personas con discapacidad están cobrando 500 pesos por kilómetro”, situación que impide que sigan prestando servicios.

Sin embargo, el oficialismo rechazó la iniciativa. El libertario fueguino Santiago Pauli defendió la postura del Gobierno y culpó a gestiones anteriores por la crisis del sistema. “La emergencia no es de Milei. Es su culpa, y no intenten dibujar los datos”, dijo. Además, denunció que “durante gobiernos anteriores se usaron recursos destinados a discapacidad para hacer clientelismo político”.

Impacto fiscal

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la iniciativa oscilaría entre 1,8 billones y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que se registren, estimada entre 493 mil y 946 mil personas.

Asimismo, el refuerzo por el desfasaje inflacionario de las prestaciones en 2024 implicaría un gasto de $278.323 millones, mientras que el apoyo económico para talleres de producción requeriría $7.160 millones adicionales.

Reclamos sociales

La declaración de la Emergencia en Discapacidad venía siendo reclamada por organizaciones, familiares y personas con discapacidad en todo el país, que durante los últimos meses realizaron múltiples movilizaciones para exigir una ley que garantice el acceso pleno a las prestaciones básicas, con montos actualizados y pagos en tiempo y forma.

Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado para convertirse en ley.