Diputados: La Coalición Cívica busca erradicar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego

Desde la Coalición Cívica impulsan un proyecto para eliminar gradualmente regímen de promoción industrial de Tierra del Fuego, los impulsores del proyecto expresaron; Días atrás hemos recibido por parte del Poder Ejecutivo nacional el Proyecto de Presupuesto para el período 2023. Allí se ha proyectado para el año 2022 un déficit fiscal primario del 2,5% del PBI y pronosticado un resultado primario también deficitario del 1,9% para el 2023. Todo esto en condiciones de alta inflación e importantes restricciones financieras.

A su vez, surge de la información contenida en dicho proyecto el enorme costo fiscal de los gastos tributarios derivados de las exenciones o reducciones impositivas y de los regímenes de promoción que alcanzarían el 2,49% del PIB en el 2023. Muchos de ellos han sido formulados décadas atrás y se han mantenido intactos a pesar de que los contextos que motivaron su creación ya no resultan aplicables.

Entre ellos, el que implica un mayor gasto tributario es el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego creado en el año 1972 por la Ley 19.640 y que desde entonces ha sido prorrogado en numerosas oportunidades. Para el período 2022, dicho régimen implicará gastos tributarios por más de 290 mil millones de pesos representando un 0,36% del PBI y durante el 2023 alcanzará los casi 520 mil millones de pesos que significará un 0,35% del PBI.

Desde la Coalición Cívica queremos contribuir al ordenamiento de las cuentas públicas y por eso, entre otras iniciativas, recientemente hemos elaborado un informe que da cuenta de la ineficiencia de las empresas públicas y el enorme gasto público que implica su sostenimiento. En esta oportunidad, proponemos terminar con uno de los gastos tributarios más grandes mediante la implementación de un esquema de eliminación gradual de los beneficios impositivos contemplados en el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego.

Para ello, hemos elaborado este proyecto que consta, por un lado, de la rebaja de aranceles y la eliminación impuestos y trabas de importación aplicables a productos electrónicos que permita una reducción del precio final de tales productos, así como de una actualización y ampliación de la oferta disponible de dichos productos en nuestro país. En tal sentido, sostenemos la reducción del impuesto interno aplicable a los productos tecnológicos que es comúnmente denominado “impuesto tecnológico”, hasta su eliminación al cabo de cuatro años.

El mismo fue creado en el año 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando se estableció un diferencial a favor de los productos elaborados en el marco del régimen promocional de Tierra de Fuego, a los fines de asegurar el mercado interno a las empresas adheridas. Años más tarde, en el 2017, el gobierno de Cambiemos estableció un esquema de reducción gradual de dicho impuesto hasta su eliminación, pero finalmente fue restituido con el regreso del Frente de Todos al gobierno.

Actualmente ese impuesto graba con una tasa de 6,55% a los productos ensamblados en Tierra del Fuego y con una tasa de 17% a los productos importados. Por lo que proponemos suprimir ese diferencial entre productos importados y productos elaborados en el marco del régimen promocional y un esquema de reducción de la alícuota desde el 6% hasta su eliminación total al cabo de cuatro años.

A su vez, pretendemos terminar con toda barrera de importación de modo que la normalización de la carga fiscal recaída sobre las empresas de Tierra del Fuego, no derive en una contracción de la oferta o en un aumento de precios que perjudique a los consumidores de productos electrónicos.

Por último, el proyecto prevé la derogación del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego y la eliminación gradual de los beneficios que les permitirá a las empresas converger a la normalización de su carga fiscal en un lapso de cuatro años. En definitiva, el proyecto persigue dos claros objetivos.

Por un lado, la eliminación de los gastos tributarios que son inaceptablemente acumulados por un puñado de empresarios, a costa de las cuentas fiscales de la Nación y, por el otro, un aumento de la oferta y baja de los precios de los productos electrónicos en beneficio de todos los consumidores argentinos. Para poder cumplir con ambos objetivos, es preciso avanzar tanto con la eliminación del régimen de promoción como con la apertura comercial al mundo.

En tal sentido, vale mencionar que las contingencias que podrían derivarse de las medidas que se proponen, se encuentran totalmente cubiertas. Para ello, hemos previsto la creación de una asignación especialmente dirigida a garantizar el 80% de los ingresos de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el marco del régimen promocional.

Ello, durante un plazo lo suficientemente extenso que asegure que se cumplan las condiciones para su reinserción laboral en la provincia de Tierra del Fuego. Los números son claros. Actualmente el régimen emplea a casi 11.000 trabajadores que perciben en promedio un salario bruto de aproximadamente 270.000 pesos. Eso significa que la masa salarial bruta anual generada asciende a 39.000 millones
de pesos.

Paralelamente, según el propio Proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno, durante el 2022 el gasto tributario para sostener al régimen promocional alcanzará los 290.309 millones de pesos, es decir, solo un 13% del gasto tributario se traduce en salarios pagados a los trabajadores del régimen.
Esto quiere decir que de todo lo que el Estado Nacional deja de recaudar para poder mantener los beneficios fiscales comprendidos en el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, solamente un 13% termina dirigiéndose al pago de salarios de los trabajadores, evidenciando que es una pésima política para generar y mantener de puestos de trabajo.

En consecuencia, con menos del 20% del gasto tributario que conlleva el régimen promocional, es posible sostener todo el costo que implicará la asignación que proponemos y que permitirá garantizarle los ingresos a todos aquellos que actualmente trabajan en el marco del régimen promocional, quedando el restante 80% del gasto tributario dirigido al ahorro para las arcas del Estado y la reducción del déficit fiscal.

Estos números demuestran que es posible desarmar un régimen que es sostenido indirectamente por todos los contribuyentes al ceder recaudación y, al mismo tiempo, mejorar el acceso y la disponibilidad de productos electrónicos en el país. Todo ello, preservando a cada uno de los trabajadores del régimen promocional de Tierra del Fuego, hasta su reinserción en el mercado laboral. Estamos convencidos de que, aunque no han podido ser aprovechadas por años de políticas económicas erradas, las potencialidades de la provincia de Tierra del Fuego son enormes. Haciendo los cambios en la dirección de la economía argentina que permitan liberar las fuerzas productivas de las provincias, las condiciones para la reinserción de los trabajadores en sectores tales como la energía, la pesca, el turismo y la logística en Tierra del Fuego serán sobradas. Por ello es que planteamos que la inversión y los esfuerzos del Estado se dirijan al desarrollo de actividades competitivas y sostenibles a mediano y largo plazo y no a generar sectores dependientes de beneficios y subsidios incrementales que demanden enormes esfuerzos de los contribuyentes y no impliquen un verdadero desarrollo regional.

Con todas estas modificaciones, el ahorro del gasto tributario se producirá porque las empresas actualmente beneficiarias del régimen convergirán en el pago de impuestos en las mismas condiciones que en el resto del país, así como, en el caso de una disminución de la actividad de dichas empresas, por la mayor recaudación proveniente del circuito comercial de productos importados o elaborados en otras partes del país. De hecho, es esperable que la recaudación tributaria futura sea mayor que el gasto tributario actual, debido a la expansión del mercado a partir del ingreso de productos importados en
mayor cantidad, variedad y menores precios.

El Régimen de Tierra del Fuego fue creado en 1972, durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse motivado tanto por razones económicas como geopolíticas. Además de la idea de poblar el territorio, existía una preocupación en torno a un posible conflicto limítrofe con Chile. A pesar de que ya han pasado cincuenta años y las condiciones que le dieron nacimiento ya no resultan aplicables, por razones políticas el régimen ha sido prorrogado en varias ocasiones y complementado con diversas normas de restricción del mercado de productos electrónicos para asegurar la competitividad de las empresas beneficiarias.

A lo largo de todos estos años ha quedado en evidencia el fracaso de una política de promoción industrial que continuamente ha requerido una mayor intervención del Estado para asegurar su subsistencia constituyendo un privilegio insostenible en la Argentina de hoy. Durante todo este tiempo, los contribuyentes argentinos han tenido que realizar esfuerzos para sostener los gastos tributarios que se derivan del sostenimiento de una industria totalmente ineficiente mientras que, a la vez, han quedado sometidos a un mercado de productos electrónicos atrasado, acotado y caro. Por estos motivos y con el
objetivo de mejorar los resultados de las cuentas públicas es que solicitamos nos acompañen en este proyecto.

Los diputados firmante del proyecto

Juan Manuel LÓPEZ, Victoria BORREGO, Marcela CAMPAGNOLI, Carolina CASTETS, Maximiliano FERRARO, Mónica FRADE, Rubén MANZI, Leonor MARTINEZ VILLADA, Paula OLIVETO LAGO, Mariana STILMAN, y Mariana ZUVIC.