EE.UU: Trump desmanteló el Departamento de Educación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con el objetivo de desmantelar el Departamento de Educación, cumpliendo una de sus promesas de campaña y un objetivo de larga data del conservadurismo republicano. Docentes, sindicatos y organizaciones sociales advierten que el desmantelamiento del organismo afectará gravemente a los sectores más vulnerables y debilitará el acceso a la educación pública.

La medida, que el republicano calificó como “histórica” y necesaria para devolver el control de la educación a los estados,  busca reducir drásticamente “el tamaño y la influencia” del organismo, aunque mantendrá bajo control federal algunas de sus “funciones críticas“, como la gestión de préstamos estudiantiles y el manejo de diversas becas estudiantiles.

“Todos saben que es lo correcto”, declaró desde la Casa Blanca, argumentando que el sistema educativo estadounidense ha fallado a pesar de contar con el mayor presupuesto del mundo. “Después de 45 años, Estados Unidos tiene el mayor gasto educativo del planeta y nos ubicamos al fondo de la lista de desempeño en educación”, expuso el magnate inmobiliario.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había confirmado que la institución verá reducida “considerablemente su escala y tamaño”, pero seguirá administrando las becas de Título I, las becas Pell y financiamientos para la educación especial.

La orden ejecutiva, la número 134 de la actual administración, establece que la mayoría de las funciones del organismo sean transferidas a los estados para “devolverles el control”, argumentando que la centralización federal ha fracasado en mejorar los resultados educativos. “Hemos gastado más de 3 billones de dólares en esta burocracia federal. ¿Cuál ha sido el retorno para el contribuyente estadounidense? Niveles de rendimiento muy por debajo de lo esperado“, afirmó Leavitt, en referencia a los resultados de las pruebas estandarizadas, en los cuales “prácticamente no ha habido mejoras medibles”.

La “misión final”

El documento describe a la agencia como un “control burocrático federal sobre la educación“, en línea con el discurso republicano que sostiene que los programas y el financiamiento de la educación pública deben decidirse a nivel estatal. En el mismo, también se estipula que cualquier programa que reciba fondos del Departamento de Educación no podrá promover la diversidad, equidad e inclusión (DEI) ni “la ideología de género“.

En la orden, Trump encomendó a su secretaria de Educación, Linda McMahon, “tomar todos los pasos necesarios para facilitar” el cierre del ente. Previo al anuncio de la orden, McMahon ya había anunciado en un memorándum interno que el departamento iniciaría su “misión final” y reduciría su plantilla a la mitad a partir del 21 de marzo.

Durante su audiencia de confirmación en febrero, la magnate de la lucha libre reconoció que la administración necesitaría la aprobación del Congreso para avanzar con el cierre definitivo de la agencia. “Queremos hacer esto de manera correcta, asegurarnos de presentar un plan con el que los senadores y el Congreso puedan estar de acuerdo y que resulte en un Departamento de Educación más eficiente“, afirmó McMahon frente al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.

Cuando Trump asumió en enero, el departamento contaba con 4.133 empleados. Con esta decisión, el número se reducirá a 2.183. Para incentivar renuncias voluntarias, se ofrecieron indemnizaciones de 25.000 dólares, y empleados en período de prueba ya han sido despedidos como parte del plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk.

Un viejo anhelo republicano

El cierre del Departamento de Educación ha sido una demanda recurrente del ala más conservadora del Partido Republicano. Los republicanos fueron especialmente críticos con el papel del Departamento de Educación durante la administración de Joe Biden, en particular con sus políticas de perdón de préstamos estudiantiles y la ampliación de protecciones contra la discriminación sexual en la educación para la comunidad LGTBIQ+. Durante su campaña, Trump prometió devolver a los estados el “control total” de la educación y, desde 2024, ha insistido en que su objetivo es eliminar el departamento durante su segundo mandato.

Esta intención va en sintonía con el pensamiento de figuras como su compañero de fórmula, J. D. Vance, quien ha sido un férreo opositor de la “dominación de izquierda” en universidades y se ha mostrado crítico de las escuelas por su “adoctrinamiento en teoría crítica de la raza”. Durante su tiempo como senador por Ohio, Vance impulsó la eliminación de programas DEI en la educación primaria y universitaria, que denunció como una “influencia china en el sistema educativo”.

En su plataforma legislativa de 2022, también atacó a las escuelas por sus políticas durante la pandemia de COVID-19 y por lo que considera una agenda ideológica en la enseñanza. “Como vimos en la guerra cultural de la izquierda radical (…) es claro que no debemos dejar que la política maneje decisiones de salud pública y prive a los niños de una buena educación”, escribió Vance. En un posteo en X de junio de 2024, el vice trumpista incluso abogó por ilegalizar las políticas DEI, a las que calificó como “simplemente racistas”.

Al igual que Trump, Vance es un defensor de la idea de “drenar el pantano“. En un podcast de 2021, el escritor devenido político le recomendó despedir a “todos los burócratas de nivel medio y funcionarios administrativos” para reemplazarlos con personal alineado con su agenda, y luego potencialmente desafiar a la Corte Suprema en el caso de ser demandado.

Aunque el cierre del departamento requiere aprobación del Congreso, la administración Trump intensificó los esfuerzos para debilitarlo mediante la reducción de personal y financiamiento, en un paso previo a su posible eliminación. Trump también firmó una orden ejecutiva en enero destinada a eliminar la financiación federal para las escuelas que enseñan o promueven la “ideología de género y la ideología discriminatoria de equidad“.

Resistencia y desafíos legales

La decisión ha generado una fuerte respuesta. Una coalición de 21 fiscales generales estatales, liderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en el tribunal federal de Massachusetts, calificando los despidos como “ilegales e inconstitucionales“. En una entrevista con FoxNews, James argumentó que McMahon no tiene la autoridad para eliminar o trasladar programas establecidos por ley.

Organizaciones como la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés) también han anunciado acciones legales, denunciando que la drástica reducción del Departamento de Educación afectará a estudiantes con discapacidades y a distritos de bajos recursos que dependen del financiamiento federal. Randi Weingarten, presidenta de la AFT, prometió demandar a la administración si continúa con el desmantelamiento del organismo. “Esto es ilegal porque solo el Congreso tiene el poder de cerrar una agencia federal”, afirmó.

Aun así, la administración de Trump ha reducido a la mitad la plantilla del Departamento de Educación, lo que ha generado una gran preocupación entre estudiantes y escuelas por la disminución de servicios esenciales. Esta semana, la AFT presentó una demanda aparte, acusando al Departamento de Educación bajo el mandato de Trump de “prácticamente destruir el sistema de préstamos estudiantiles” a través de sus recortes.

El gobierno federal tiene un rol limitado en la educación en Estados Unidos, sin contar con la capacidad de dictar estándares académicos o la instrucción en las escuelas, pero financiando aproximadamente el 13% de los fondos para educación primaria y secundaria. Estos recursos son cruciales para escuelas de bajos ingresos y estudiantes con necesidades especiales.