El Congreso peruano volverá a debatir la posibilidad de adelantar las elecciones
El adelantamiento de las elecciones para designar presidente de la república y un nuevo Congreso es el principal reclamo de los manifestantes y tiene amplio apoyo en la opinión pública.
Peru sigue en un clima de tensión política y social permanente. Ahora el Congreso unicameral resolvió reanudar el debate de un proyecto que busca adelantar las elecciones generales, este es uno de los temas que se reclama en las protestas cotidianas que sacuden al país desde hace tres meses.
Con 63 votos contra 41 y dos abstenciones, el pleno del parlamento rechazó un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.
Tras la votación, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, que se comprometió a emitir el martes próximo su dictamen para que pueda ser debatido por el pleno, informó el Congreso en un comunicado, según el diario limeño La República.
El adelantamiento de las elecciones para designar presidente de la república y un nuevo Congreso es el principal reclamo de los manifestantes y tiene amplio apoyo en la opinión pública.
Pero como la legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional, debe ser aprobada por el parlamento, con dos tercios durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.
Sin embargo, en los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos destinados a adelantar los comicios, que, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.
Ola de protestas
El país vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
En ese contexto murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer.
Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, por lo que la Fiscalía citó a la presidenta Dina Boluarte para el martes próximo y el Congreso interpelará el jueves al ministro del Interior, Vicente Romero.