El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y dio media sanción a la ley que limita los DNU
Con un fuerte revés al oficialismo, el Congreso avanzó en la restitución de derechos para personas con discapacidad y limitó las facultades unilaterales del Poder Ejecutivo. La Ley de Emergencia regirá hasta 2026 e incluye actualizaciones a pensiones y pagos a prestadores.
En una jornada histórica en el Congreso, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida clave que garantiza mejoras en las prestaciones, pensiones y derechos laborales de las personas con discapacidad. La votación terminó con 63 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención, consolidando una amplia mayoría en ambas cámaras.
La Cámara de Diputados ya había rechazado el veto el pasado 20 de agosto con 172 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones. De esta manera, el Congreso avanzó con la promulgación de una norma que había sido vetada por el presidente Javier Milei, marcando un hecho institucional sin precedentes desde 2003, cuando por última vez el Parlamento desestimó un veto presidencial.
Una ley con fuerte respaldo parlamentario
A pesar del intento del oficialismo por sostener el veto, que contó con el respaldo de los senadores Carmen Álvarez Rivero (PRO) y Francisco Paoltroni, el Gobierno sufrió un fuerte revés legislativo. La última vez que el Congreso rechazó un veto presidencial fue hace 22 años, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La norma declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece una serie de medidas concretas:
- Actualización de prestaciones para compensar la inflación desde 2023 hasta la fecha.
- Pago de deudas acumuladas con prestadores y actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices del INDEC.
- Pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Las personas que cobren estas pensiones podrán trabajar, siempre que su ingreso no supere los dos salarios mínimos.
- Compensación de emergencia a los prestadores, financiada con recursos del Tesoro Nacional.
Impacto fiscal estimado
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal estimado por el aumento de las pensiones será de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del escenario de nuevas altas que podría oscilar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios.
Auditorías y control con enfoque inclusivo
La ley también establece que la Agencia Nacional de Discapacidad deberá realizar una auditoría con criterios de salud, situación socioeconómica e inclusión, respetando el debido proceso y garantizando notificaciones fehacientes y el acceso claro a la información para los beneficiarios.
Incentivos para la contratación laboral
Se prevé un incentivo para fomentar el empleo formal de personas con discapacidad:
- Las empresas que contraten personas con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado estarán eximidas del 50% de las contribuciones patronales y aportes a cajas jubilatorias por un período de tres años.
Media sanción a la ley que limita el uso de DNU
En la misma sesión, el Senado también aprobó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la media sanción a la modificación de la ley 26.122, que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.
Este proyecto busca equilibrar el uso de esta herramienta, que ha sido central en la gestión del presidente Milei ante la minoría legislativa del oficialismo. Con la reforma, se apunta a que los DNU requieran aval más riguroso por parte del Congreso, evitando que se mantengan vigentes con la sola aprobación de una de las cámaras.
Un precedente político e institucional
El rechazo al veto y la media sanción a la ley sobre DNU constituyen dos golpes institucionales importantes para el oficialismo, en un momento en que el Gobierno nacional enfrenta crecientes tensiones con los sectores sociales, gremiales y legislativos.
Mientras se espera una posible acción judicial del Ejecutivo para frenar la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso reafirmó su autonomía y envió un mensaje claro: la defensa de los derechos no puede quedar subordinada a decisiones unilaterales.
