Estado de emergencia en Perú: suspenden derechos constitucionales y refuerzan la seguridad
Tras intensas manifestaciones contra el Congreso y el presidente interino José Jerí, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. La medida habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, suspende derechos constitucionales y restringe las protestas en medio de una creciente crisis de inseguridad.
Después de las masivas manifestaciones en contra del Congreso y del nuevo presidente interino, José Jerí, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao para desplegar militares en las calles, limitar los eventos masivos y aumentar los operativos de control.
La medida, que entró en vigor este martes por la noche y regirá durante 30 días, fue anunciada por Jerí mediante un mensaje grabado en el que se mostró junto a su gabinete. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pasamos de la defensiva a la ofensiva”, afirmó.
“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, agregó. El presidente interino, quien asumió el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destacó que la declaración fue aprobada por el Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución. Sin embargo, no precisó las medidas que se adoptarán contra la delincuencia.
La medida autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad interna junto a la Policía Nacional. También suspende temporalmente varios derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
Durante el estado de emergencia, se restringen las manifestaciones públicas y los eventos masivos, que requerirán una aprobación de las autoridades. También se limitarán las visitas en las cárceles y se aplicarán cortes de electricidad en las celdas; solo se mantendrá la iluminación básica.
En cuanto a la circulación, estará prohibido que dos personas circulen en una misma moto. Patrullas combinadas de militares y policías se desplegarán en las zonas consideradas críticas, lo que incluye estaciones del metro, paradas de colectivos, centros educativos, hospitales y espacios públicos estratégicos.
Perú enfrenta una grave crisis de inseguridad por el crimen organizado: según cifras oficiales, los homicidios aumentaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 el año pasado. El estado de emergencia ya se declaró dos veces este año, en marzo y en julio, pero no revirtió la situación.
