Glaciares en disputa: el Gobierno flexibiliza controles y confronta con el ambientalismo
El Gobierno asegura que introduce “precisión científica”, pero expertos advierten que la redefinición de zonas protegidas podría tener efectos ambientales difíciles de revertir.
Milei celebró la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares, en un comunicado en el que no solo calificó la medida como “histórica”, sino que también profundizó su confrontación con organizaciones ambientalistas, a las que acusó de obstaculizar el desarrollo productivo del país.
Desde la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la modificación introduce una supuesta “precisión científica” sobre el alcance de la norma vigente. Sin embargo, especialistas y sectores ambientalistas advierten que ese argumento podría encubrir un recorte en la protección efectiva de zonas sensibles, especialmente en áreas periglaciares cuya función hídrica no siempre es fácilmente mensurable.
Según el texto oficial, la reforma permitirá continuar protegiendo glaciares y geoformas clave, al tiempo que habilita la explotación minera en territorios que habrían sido “mal catalogados”. No obstante, críticos de la iniciativa señalan que esa redefinición abre la puerta a interpretaciones más flexibles en favor de actividades extractivas, en un contexto de creciente presión sobre recursos estratégicos como el litio y el cobre.
El Gobierno cuestionó duramente la redacción original de la ley, calificándola de generar “interpretaciones absurdas” que impedían el desarrollo incluso en zonas “donde no había nada que proteger”. Esta caracterización es discutida por expertos, que sostienen que el principio precautorio central en la legislación ambiental justamente busca evitar daños irreversibles en ecosistemas frágiles, aun cuando la evidencia no sea concluyente.
En clave federal, el Ejecutivo afirmó que la reforma “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” en la gestión de sus recursos naturales. Sin embargo, este punto también genera controversia: organizaciones civiles advierten que podría traducirse en asimetrías regulatorias y en una mayor exposición a presiones económicas locales, debilitando estándares ambientales a nivel nacional.
El comunicado subraya que los cambios responden a demandas de provincias vinculadas a la actividad minera, particularmente aquellas que integran la llamada Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Entre los gobernadores que respaldaron la iniciativa se encuentran Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, distritos con fuerte interés en expandir la frontera extractiva.
En un tono marcadamente confrontativo, el Gobierno sostuvo que la reforma elimina “distorsiones ideológicas” y “trabas artificiales”, y apuntó contra “organizaciones extranjeras” y “ecologistas empecinados en impedir el progreso”. Estas declaraciones refuerzan una narrativa que tiende a polarizar el debate ambiental, reduciéndolo a una dicotomía entre desarrollo y conservación que numerosos especialistas consideran simplificadora.
Para el Ejecutivo, la sanción inaugura una etapa de “verdadero federalismo ambiental” y sienta las bases de una política “inteligente y soberana”. Sin embargo, el alcance real de estos cambios y sus efectos sobre la protección de reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática seguirán siendo objeto de fuerte disputa política, judicial y social en los próximos años.
