Gracianía busca frenar el trámite de urgencia del financiamiento educativo y cuestiona la política impositiva de Melella

La discusión por el financiamiento educativo y las modificaciones tributarias impulsadas por el Gobierno de Gustavo Melella sumó un nuevo capítulo en la Legislatura de Tierra del Fuego. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, confirmó que su espacio promoverá quitarle el trámite de urgencia al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, con el argumento de que una iniciativa de esta magnitud requiere un análisis exhaustivo en las comisiones parlamentarias.

En diálogo con el programa La Mañana de la Tecno, de Radio Universidad 93.5 MHz, la legisladora cuestionó el mecanismo elegido por el Gobierno provincial para impulsar la iniciativa y sostuvo que el Parlamento debe ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales, especialmente cuando se trata de una propuesta que involucra recursos públicos, compromisos salariales con el sector docente y eventuales modificaciones impositivas.

El proyecto ingresó a la Legislatura con trámite de urgencia, un mecanismo que establece un plazo de 30 días para que el cuerpo se pronuncie. Frente a ese escenario, Gracianía adelantó que su bloque buscará dejar sin efecto ese procedimiento para habilitar una discusión más amplia y sin el condicionamiento temporal que implica la herramienta constitucional.

“Por supuesto que vamos a quitarle el trámite de urgencia a este proyecto de ley, porque es necesario debatir en el ámbito de las comisiones correspondientes, que supongo que van a ser la de Educación y la de Presupuesto”, afirmó.

La parlamentaria fundamentó su postura en la división de poderes y en las facultades que corresponden al Poder Legislativo. Si bien reconoció que el Ejecutivo está habilitado constitucionalmente para presentar proyectos con tratamiento de urgencia, remarcó que la Legislatura también tiene herramientas para retirar ese procedimiento.

“No podemos dejar que el Ejecutivo se arrogue la facultad de legislar. La facultad de legislar es del Poder Legislativo”, sostuvo, al tiempo que aclaró que la decisión de su bloque será avanzar con la eliminación del trámite especial para que la iniciativa pueda ser analizada en profundidad.

La estrategia legislativa y el debate en comisiones

Durante la entrevista, Gracianía también explicó los mecanismos parlamentarios que permitirían avanzar con esa decisión. Según detalló, el retiro del trámite de urgencia puede tratarse durante una sesión ordinaria o mediante una sesión especial, cuya convocatoria puede realizarse con la firma de cinco legisladores y un temario específico.

La legisladora señaló que para adoptar la decisión se requiere mayoría simple y que, una vez retirado el tratamiento de urgencia, el proyecto podrá continuar su recorrido legislativo habitual, con su correspondiente giro a las comisiones y el debate entre los distintos bloques.

“Queremos quitarle el trámite de urgencia, lo vamos a hacer y vamos a tratar este proyecto como debe tratarse, en el ámbito de las comisiones, con un debate profundo”, insistió.

La posición de La Libertad Avanza anticipa así una instancia de discusión parlamentaria en torno a una iniciativa que no solo busca establecer herramientas de financiamiento para el sistema educativo, sino que también contempla modificaciones tributarias que generaron cuestionamientos desde distintos sectores de la actividad económica.

Rechazo a los cambios impositivos y cuestionamientos al gasto público

Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de incrementar la presión tributaria sobre los contribuyentes fueguinos. Consultada sobre los cuestionamientos del sector privado a los cambios impositivos incluidos en el proyecto, Gracianía manifestó su coincidencia con esas objeciones y cuestionó la estrategia financiera del Gobierno provincial.

“Tienen razón, la verdad es que tienen absoluta razón”, expresó, en referencia a las críticas empresariales.

La legisladora consideró que el Ejecutivo debería revisar sus prioridades presupuestarias antes de avanzar con nuevas cargas tributarias y cuestionó lo que definió como una estrategia recurrente de recurrir a declaraciones de emergencia y posteriores incrementos impositivos para afrontar las dificultades financieras de la administración provincial.

En ese sentido, calificó ese mecanismo como una “fórmula mágica” del Gobierno y planteó que la búsqueda de recursos debe comenzar por una revisión de las partidas presupuestarias existentes y de la manera en que se utilizan los fondos públicos.

“Entendemos que el Gobierno debe revisar cómo está gastando el dinero de todos los fueguinos”, manifestó.

El planteo adquiere particular relevancia en el contexto del conflicto salarial docente y de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial con el sector educativo. Para Gracianía, el financiamiento de esos acuerdos debe resolverse mediante una reorganización de los recursos disponibles, en lugar de trasladar el costo a los contribuyentes y a los sectores productivos.

“Tiene que buscar dentro de las mismas partidas del Presupuesto que presentó la forma de hacer frente a los compromisos que asumió de manera unilateral ante el sector docente”, afirmó.

De esta manera, la referente libertaria vinculó el debate sobre el financiamiento educativo con una discusión más amplia acerca de la política económica provincial, el nivel del gasto público y el impacto que las modificaciones tributarias podrían tener sobre empresas, comerciantes y contribuyentes.

Policías territoriales: 15 meses sin cobrar y una deuda millonaria

En otro tramo de la entrevista, Gracianía se refirió a la situación de los policías territoriales retirados y sus familias, quienes mantienen un acampe frente a la Comisaría Primera de Río Grande para visibilizar el reclamo por el pago de sus haberes compensatorios de retiro.

La legisladora confirmó que el sábado se acercó al lugar, donde, según indicó, se cumplían 21 días de protesta. Allí dialogó con familiares, viudas, esposas y retirados que reclaman una respuesta del Gobierno provincial ante una situación que, de acuerdo con sus estimaciones, afecta a unas 540 familias.

Los beneficiarios llevan aproximadamente 15 meses sin percibir sus haberes, que anteriormente se abonaban dentro del mismo cronograma de la Caja Policial. La prolongada falta de pagos profundizó la preocupación de los damnificados, que reclaman una solución concreta para regularizar sus ingresos.

“Estuve con ellos, escuché su preocupación una vez más, obviamente volví a solidarizarme con la situación de injusticia que están atravesando”, expresó Gracianía.

Durante el encuentro, la legisladora también dialogó con los manifestantes sobre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo para abordar la situación de la Caja Policial y la deuda acumulada con los retirados territoriales.

Según lo señalado por Gracianía, el monto adeudado superaría los 8.000 millones de pesos y una de las alternativas contempladas en la propuesta oficial sería cancelar esa deuda en 36 cuotas.

Sin embargo, la parlamentaria advirtió que el esquema de pago todavía no ofrece una respuesta integral al reclamo, ya que, además de establecer un mecanismo para saldar los montos pendientes, resulta indispensable garantizar la continuidad de los haberes y evitar que se repita la interrupción de los pagos.

“La verdad es que es una situación que todavía no tiene ningún viso de solución, lamentablemente”, sostuvo.

Dos conflictos que llegan a la Legislatura

Las declaraciones de Gracianía exponen dos frentes de discusión que comprometen al Gobierno provincial: por un lado, el financiamiento del sistema educativo, los compromisos salariales y la propuesta de modificaciones tributarias; por otro, la situación de los policías territoriales retirados, que continúan reclamando el pago de sus haberes atrasados.

En el ámbito legislativo, La Libertad Avanza anticipa que buscará modificar el procedimiento de tratamiento del proyecto educativo para llevar la discusión a las comisiones y examinar tanto los mecanismos de financiamiento como las consecuencias fiscales de la iniciativa.

En paralelo, el reclamo de los retirados territoriales vuelve a poner en el centro del debate la deuda previsional, la capacidad financiera del Estado provincial y la necesidad de establecer un cronograma de pagos que permita dar previsibilidad a cientos de familias.

Con estos planteos, la legisladora libertaria adelantó la postura que su bloque llevará al Parlamento, en una discusión donde confluyen el financiamiento de la educación, la política tributaria, la administración de los recursos públicos y las obligaciones pendientes del Estado con sectores que llevan meses esperando una respuesta.