Impulsan en el Congreso la derogación del decreto 252/2026 por su impacto en el federalismo
El diputado Jorge Neri Araujo Hernández cuestionó la medida del Ejecutivo y advirtió que pone en riesgo regímenes productivos clave como el de Tierra del Fuego.
El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto 252/2026, al considerar que la norma introduce modificaciones ilegítimas en el esquema de incentivos fiscales y vulnera el principio de legalidad.
La iniciativa sostiene que el Poder Ejecutivo avanzó sobre facultades propias del Congreso al modificar aspectos tributarios y promocionales mediante un decreto, afectando regímenes establecidos por ley y generando incertidumbre jurídica en sectores productivos.
“El desarrollo del país no puede construirse a partir de decisiones unilaterales que generan desigualdades entre regiones”, señala el proyecto en sus fundamentos, donde se remarca que cualquier política de alivio fiscal debe surgir del debate legislativo, con criterios de equidad y previsibilidad.
Si bien el texto reconoce la necesidad de impulsar medidas para fortalecer la competitividad, advierte que el decreto genera asimetrías al beneficiar a determinadas regiones sin contemplar el impacto sobre otras. En ese sentido, pone el foco en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde el régimen de promoción industrial es considerado estratégico.
El proyecto define a ese esquema como una herramienta vinculada a la “cláusula de progreso” de la Constitución Nacional Argentina, y sostiene que no se trata de un beneficio aislado, sino de una política de Estado orientada a garantizar el arraigo poblacional, el desarrollo productivo y la integración territorial en una región con condiciones particulares.
Además, advierte que la combinación de recortes en instrumentos de promoción y la falta de reconocimiento pleno de los recursos provinciales podría derivar en un escenario crítico, con riesgos de relocalización de empresas, pérdida de empleo y debilitamiento del entramado industrial.
Más allá de la derogación del decreto, la iniciativa propone que el Ejecutivo envíe al Congreso, en un plazo de 90 días, un nuevo proyecto de ley que establezca un régimen de alivio fiscal integral, con enfoque federal, evaluación de impacto y participación de las provincias.
“La Argentina no puede crecer enfrentando a sus regiones, sino integrándolas bajo reglas claras, previsibles y justas”, concluye el proyecto, que busca restituir el rol del Congreso en la definición de políticas estructurales y promover un desarrollo equilibrado en todo el país.
