Intervención federal al Puerto de Ushuaia: Melella rechazó la medida y Nación expuso graves irregularidades.

El conflicto institucional por el control del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se refirió públicamente a la intervención federal dispuesta por el Gobierno nacional, que tendrá una duración de doce meses, y expresó su rechazo tanto a la medida como a los fundamentos que la sostienen.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario provincial afirmó que “el Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia” y remarcó que desde la Provincia “no compartimos ni la medida ni sus fundamentos”, al considerar que no existe una justificación objetiva para una decisión de tal magnitud.

En su mensaje, Melella defendió el desempeño del principal puerto fueguino y su rol estratégico a nivel nacional e internacional. “Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios”, sostuvo, y destacó que esa confianza se refleja tanto en la cantidad de recaladas como en su función clave como puerta de entrada a la Antártida.

El gobernador también aseguró que mantiene un diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida institucional que garantice el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores involucrados.

La intervención fue dispuesta mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que además resolvió la suspensión de la habilitación del puerto, aunque aclaró que se garantizará la continuidad de los servicios esenciales para no afectar la operatoria portuaria. Con el correr de las horas, se conocieron detalles del informe técnico y administrativo que desde el Gobierno provincial no reconocen ni comparten.

Según la ANPYN, la decisión se adoptó tras inspecciones técnicas, auditorías contables y administrativas y un extenso proceso de descargos. El organismo nacional concluyó que existen irregularidades financieras, uso indebido de fondos portuarios, desinversión en infraestructura clave y riesgos para la seguridad operativa en uno de los puertos más estratégicos del país.

Uno de los ejes centrales de la resolución apunta a la afectación de recursos del Puerto de Ushuaia a fines ajenos a la actividad portuaria, en presunta violación al Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos generados deben destinarse exclusivamente a la administración, operación, mantenimiento e inversiones del puerto.

En ese sentido, la Agencia indicó que el superávit financiero del ejercicio 2024, estimado en 4.000 millones de pesos, habría sido transferido al Ministerio de Economía provincial para solventar gastos generales, comprometiendo según el informe, la capacidad del puerto para ejecutar obras indispensables de mantenimiento y seguridad.

El relevamiento técnico también detectó obsolescencia en los sistemas de protección contra incendios, señalización insuficiente, iluminación deficiente, fallas en el drenaje pluvial y un control inadecuado del tránsito pesado, situaciones que afectarían directamente la seguridad de las maniobras, el atraque de buques y la operatoria de cruceros internacionales.

Además, la ANPYN advirtió que el nivel de inversión en infraestructura fue extremadamente bajo, con apenas el 1,3% del presupuesto total destinado a mantenimiento y mejoras, pese al alto volumen de actividad del puerto. La resolución también señala falta de registros claros y verificables, inconsistencias contables y debilidades en los procesos de compras que no habrían sido subsanadas durante el proceso de descargo.

Entre los puntos más sensibles, el organismo nacional cuestionó la tercerización de parte de la gestión administrativa en una empresa sin antecedentes en administración portuaria, lo que habría profundizado las dudas sobre la idoneidad, transparencia y control interno del ente provincial.

Finalmente, se detectaron falencias en los sistemas tecnológicos, de comunicaciones y de seguridad de la información, incumpliendo estándares mínimos nacionales e internacionales exigidos para puertos de relevancia estratégica.

Mientras la Nación sostiene que la intervención es necesaria para garantizar seguridad, transparencia y funcionamiento adecuado, desde Tierra del Fuego denuncian un avance injustificado sobre la autonomía provincial. El futuro del Puerto de Ushuaia queda así en el centro de una disputa política, técnica e institucional que promete escalar en los próximos meses.