Intervención Federal: Tensión política y rechazo provincial tras el desembarco federal en el Puerto de Ushuaia
Un operativo nocturno con fuerzas de seguridad marcó la intervención del Gobierno Nacional en el principal puerto fueguino. La Provincia denuncia irregularidades jurídicas, arbitrariedad y una avanzada contra su autonomía.
La escena parecía inevitable y, aun así, sacudió a Ushuaia. En las últimas horas del martes, el Gobierno de la Provincia reconoció oficialmente la intervención federal del Puerto de Ushuaia, ejecutada mediante un operativo que se desplegó durante la noche y la madrugada. La acción incluyó la participación de distintas fuerzas de seguridad y autoridades portuarias, con presencia tanto en las oficinas administrativas como en el sector operativo cercano a los buques amarrados.
Según trascendió, la medida se fundamentaría en la existencia de presuntas irregularidades, e infraestructura portuaria, aunque hasta el momento no se precisaron detalles oficiales sobre su naturaleza ni alcance. El silencio sobre los motivos concretos alimentó la polémica y abrió un fuerte frente de conflicto político e institucional.
La reacción provincial no tardó en llegar. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional y la calificó como “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”. En declaraciones públicas, denunció que la resolución nacional incurre en contradicciones evidentes que, lejos de responder a cuestiones de seguridad o infraestructura, buscan forzar una intervención administrativa sin sustento real.
“La resolución revela una incongruencia insostenible”, afirmó Murcia. “Por un lado, se ordena la suspensión de la habilitación del Puerto y su intervención operativa, técnica y administrativa. Pero en el mismo texto, en su artículo 3, se suspende esa sanción de inhabilitación para no afectar la operatoria portuaria. Esto deja en claro que no se actúa por riesgos reales, sino que se utiliza la amenaza como herramienta de presión”.
El titular del organismo portuario fue más allá y sostuvo que, de existir falencias edilicias o de seguridad, la medida lógica habría sido la inhabilitación inmediata del puerto para resguardar la integridad de las operaciones. “Aquí ocurre exactamente lo contrario: se anuncia una inhabilitación para justificar la intervención y, una vez consumada, se permite que el puerto siga funcionando. Es un artilugio legal para encubrir una decisión arbitraria contra una instalación que opera con normalidad y excelencia”.
Murcia también defendió el desempeño del Puerto de Ushuaia, al que describió como un actor clave del comercio y el turismo internacional, con récords de recaladas y cumplimiento de los estándares más exigentes a nivel mundial. “Las principales navieras y líneas de cruceros eligen Ushuaia porque confían en nuestros niveles de seguridad y servicio. Si existieran riesgos reales, esas empresas no operarían aquí”, remarcó, y calificó la resolución nacional como una “extorsión institucional inaceptable”.
El conflicto promete escalar. Finalmente, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos confirmó que, junto al Gobierno fueguino, se avanzará con acciones administrativas y judiciales para revertir la medida. “Defenderemos la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No permitiremos que falsos argumentos técnicos se utilicen como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”, concluyó.
