La Corte Suprema debe definir el alcance de un reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras
Con la oposición buscando debatir el DNU 70/2023, el Gobierno intenta instalar una propuesta más flexible sobre la adquisición de tierras por extranjeros, mientras organizaciones civiles y comunidades indígenas reclaman una definición judicial.
El futuro de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros vuelve al centro de la escena política y judicial. Mientras la Corte Suprema se prepara para analizar un nuevo reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras, el Gobierno busca avanzar en el Congreso con una propuesta propia para reformular el régimen y defender la vigencia del DNU 70/2023.
El reclamo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. Solicitaron que se aclare si la sentencia dictada en el caso del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), de La Plata, también alcanza al expediente de su amparo colectivo.
El nuevo tratamiento llega después de que la Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, al considerar que el CECIM no tenía legitimación para cuestionar el decreto; ese pronunciamiento resolvió una cuestión procesal y no definió la cuestión de fondo, es decir, la validez del régimen de tierras.
Fueron designados conjueces Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza; ambos aceptaron el cargo. Los suplentes son Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.
La resolución de este jueves redujo a 24 horas el plazo para impugnar la integración del tribunal, cuando habitualmente es de 72, y habilitó días y horas inhábiles; la Corte justificó el cambio “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, con el objetivo de acelerar la definición del planteo.
Ahora, los jueces deberán decidir si envían el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si tratan directamente el pedido, una alternativa excepcional que requiere urgencia. Si hacen lugar a la cautelar, las restricciones de la Ley de Tierras podrían volver a regir de manera provisoria.
El Gobierno busca desactivar la sesión por el DNU 70/23 y tratar su propia Ley de Tierras
Con el objetivo de proteger y salvaguardar el mega DNU, el oficialismo en Diputados busca reflotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había quedado cajoneada tras su media sanción a principios de agosto, para incorporarle su propia Ley de Tierras.
Sería una propuesta más flexible, similar a la que Patricia Bullrich negoció en el Senado antes de retirar el capítulo completo. En ese entonces, el oficialismo había acordado con aliados y gobernadores aumentar el tope para la venta de 15% a 25%, prohibir la compra para Estados extranjeros, darle la facultad a las provincias para autorizar o vetar las posibles ventas y prohibir la venta en zona de frontera.
El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue citado para el miércoles 14 a las 16, un día antes de la sesión pedida por la oposición para tratar de voltear el DNU 70/23.