La Justicia de Estados Unidos falló a favor de YPF y respaldó la estrategia legal de la Argentina
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos concluyó que no hubo incumplimiento contractual en la expropiación de la petrolera y avaló la aplicación del derecho público argentino por sobre normas societarias.
En un fallo clave para la Argentina, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió a favor del país en el juicio por la expropiación de YPF, al considerar que no existió incumplimiento contractual bajo la ley aplicable. La decisión, plasmada en un documento de 56 páginas, desarma el eje central de la demanda impulsada por fondos que adquirieron los derechos litigiosos del Grupo Petersen, entre ellos Burford Capital.
El tribunal sostuvo que los reclamos por daños basados en supuestos incumplimientos contractuales “no son reconocibles bajo el derecho argentino”, lo que dejó sin sustento la condena previa que había sido dictada en primera instancia. De este modo, también quedó debilitada la exigencia de los demandantes de que el Estado argentino debía haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, como establecía el estatuto de la compañía.
Uno de los puntos centrales de la defensa argentina fue argumentar que la expropiación de la petrolera se llevó adelante mediante una ley del Congreso, lo que la ubica dentro del ámbito del derecho público y por encima de cualquier norma privada o estatutaria. Esta interpretación, que había sido sostenida en su momento por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, fue finalmente validada por los jueces.
En su análisis, la Cámara de Apelaciones consideró que no correspondía tratar el caso como un simple conflicto comercial, sino como una decisión soberana del Estado argentino en el marco de su legislación interna. Bajo esa premisa, concluyó que las obligaciones invocadas por los accionistas no podían imponerse por sobre una ley de orden público.
El caso había llegado a esta instancia luego de que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenara a la Argentina pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas afectados por la estatización. Tanto el Estado argentino como los demandantes apelaron ese fallo, dando lugar a la revisión integral del proceso.
La resolución del tribunal de alzada se definió por mayoría: los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson votaron a favor de revocar la condena, mientras que José Cabranes se pronunció en disidencia.
El fallo marca un punto de inflexión en una de las disputas judiciales más relevantes para la Argentina en el ámbito internacional, al consolidar la postura del país respecto de la validez de la expropiación y limitar el alcance de los reclamos millonarios de los accionistas.