La Motosierra de Milei: El Presupuesto 2025 ajusta asignaciones familiares y subsidios  

La propuesta de Ley de Presupuesto de 2025 es una de las más realistas presentadas hasta ahora, en el sentido de que no prevé alcanzar un ideal perseguido por la política económica –el reemplazo del fondeo en el mercado de capitales versus los adelantos transitorios del BCRA, por ejemplo-, sino que busca consolidar los resultados de 2024: el ajuste seguirá su marcha. Más aún, el Gobierno quiere institucionalizarlo a través de la “regla fiscal”. Jubilados, clase media (dada la quita de subsidios y pago de mayores impuestos) y beneficiarias de asignaciones familiares pasarán otra vez por la motosierra.

Un tercio del superávit fiscal obtenido en lo que va de 2024 reposó en el ajuste de jubilaciones y pensiones, y otro 30 por ciento en el freno de la obra pública. Partidas que afectan directamente a sectores vulnerables, adultos mayores y trabajadores de la construcción. En un 17 por ciento derivó de los menores subsidios que principalmente empezó a pagar la clase media. En tanto que el 21 por ciento derivó de una mayor recaudación del Impuesto País y en Derechos de exportación, según cálculos de la consultora LCG. Este esquema se mantendrá en 2025, el Gobierno buscará mantener el equilibrio financiero y el superávit primario pasaría de 1,5 del PBI este año a 1,3 en 2025.

Ingresos esperados

Al analizar el Proyecto de Ley de Presupuesto (PLP) 2025 se observa que los ingresos totales, proyectados en 15,2 por ciento del PBI, como el gasto primario, en 16,5 por ciento, sufrirán pocas variaciones en cuanto a su magnitud pero sí verán modificada su composición. 

En materia de ingresos, se destaca la eliminación del impuesto PAIS (0,76 por ciento del PBI) y los cambios en Bienes Personales (0,08 por ciento), los cuales serían compensados por la recomposición del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría (gana 0,63 por ciento del PBI versus 2024) y subas en los Derechos de Exportación (ganan 0,47).

De hecho la presión tributaria, es decir el peso del total de impuestos sobre el PBI apenas se incrementará en 2025: pasaría de 22,37 por ciento en 2024 a 22,92 por ciento del PBI en 2025.

Los analistas dudan de la veracidad de la supuesta recaudación por Derechos de Exportación en un contexto de caída de precios internacionales de los productos primarios y una apreciación real que atenta contra la venta. También el supuesto de crecimiento del PBI del 5 por ciento en 2025 pone en jaque las estimaciones de la recaudación: esta es una práctica común en el diseño de esta Ley, al igual que subestimar la inflación, para tener luego mayor discrecionalidad en el uso de una parte de los recursos.

Recortes en el gasto

La “regla fiscal” presentada en el artículo primero supone que, para preservar el equilibrio financiero en todo el Sector Público Nacional, cualquier recorte en los ingresos debe compensarse con una reducción necesaria en los gastos que no están sujetos a un mínimo legal. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron tempranamente que esta disposición –que el Gobierno también prevé incorporar en la Ley de Administración Financiera- es inconstitucional.

Los principales gastos “no automáticos” son las prestaciones jubilatorias, asignaciones familiares, remuneraciones públicas y las transferencias a universidades para pago de salarios e intereses de la deuda, advierte un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En ese sentido, el proyecto incorpora un ruidoso artículo 68 que elimina la movilidad de las asignaciones familiares que, hasta el momento, acompañan a la de las jubilaciones. El Gobierno de Milei no serruchó la AUH sino lo contrario: entre noviembre de 2023 y septiembre 2024, la AUH creció 103,8 por ciento real (dado el aumento de principios de año y al ser deflactada por el índice de precios de los Alimentos y Bebidas que subió menos que la inflación minorista), y si se considera el monto conjunto de AUH y Tarjeta Alimentar para un hijo/a, el incremento fue de 44,3 por ciento real, sostienen desde del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Como aquí quedó tela por cortar, el Gobierno pone en la mira las asignaciones para el 2025.

En cuanto a las jubilaciones, tomará fuerza de Ley la actualización por inflación con dos meses de rezago que rige actualmente gracias al decreto presidencial 274/24. Pero funcionarios ya adelantaron que se congelará al bono de 70.000 pesos que vienen recibiendo –sin aumento alguno- las y los jubilados que cobran la mínima desde marzo de este año. Las jubilaciones mínimas se encuentran un 3 por ciento abajo de los niveles de noviembre de 2023 en términos reales, y en el menor nivel de los últimos 20 años, advirtió la consultora LCP. Desde el oficialismo también confirmaron que no prorrogarán la moratoria en 2025.

Otra línea importante en el ajuste que proponen Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, son los subsidios económicos, tanto en transporte como servicios públicos. Actualmente la tarifa que abona un usuario promedio cubre el 40 por ciento del costo de la energía eléctrica y el 32 por ciento del costo de extracción del gas, según un informe del IIEP-Conicet. En el Presupuesto el Gobierno prevé llevar ese ratio al 85 por ciento, mostraron desde el CEPA. Este ajuste impactará el segmento N1, la clase media, que es el que preserva mayor cantidad de subsidios.

Los gastos tributarios

Si el proyecto de Presupuesto es el de la “regla fiscal”, la última propuesta de Presupuesto 2023 era la de la “separata” con los gastos tributarios que podrían eliminarse y así evitar que el ajuste recayese sobre los sectores más vulnerables. Esos gastos representan la pérdida en la recaudación derivada de las exenciones impositivas y regímenes de promoción económica. En dicho año se estimaron en 2,5 por ciento del PBI y el Gobierno impulsó la discusión de la exención de Ganancias en jueces y el régimen de promoción de Tierra del Fuego.

Para 2025 el Gobierno introdujo unos cambios metodológicos que implicaron considerar nuevas exenciones como los impuestos incluidos en el monotributo (0,9 por ciento del PBI) y las asignaciones familiares por gastos educativos (0,13 del PBI), al mismo tiempo que se reduce el costo del régimen de Tierra del Fuego (0,18 por ciento del PBI contra 0,35 en la separata de 2023). Por este concepto, otra vez, la motosierra pasará sobre la clase media.