La reforma constitucional fueguina llega a la Corte Suprema: Lechman presentó un recurso contra el fallo del STJ

En Tierra del Fuego, el calendario político y judicial comenzó a marcar un rumbo incierto. La reforma de la Constitución provincial, impulsada por sectores del oficialismo, ha dejado de ser un tema estrictamente institucional para convertirse en una disputa abierta por el poder, con ramificaciones jurídicas, sociales y políticas cada vez más profundas.

Finalmente el legislador Jorge Andrés Lechman tomó la decisión de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un Recurso Extraordinario Federal que desafía la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial. El tribunal fueguino había rechazado, el pasado 5 de agosto, el planteo de caducidad e inconstitucionalidad de la Ley 1529, que habilitó el proceso de reforma, y de forma sorpresiva dictó un fallo que prorrogó por 210 días el plazo para convocar a los convencionales constituyentes.

Lechman sostiene que esta maniobra judicial quiebra la separación de poderes, al inventar un nuevo plazo no contemplado por la ley, y que avalar ese fallo implica legitimar un proceso viciado desde su origen. Pero su argumento va más allá de lo legal: “La reforma no es prioridad para nadie en la provincia, salvo para quienes la ven como una oportunidad de reordenar las reglas para sostenerse en el poder”, denuncia.

Con un tono firme, el legislador insiste en que la reforma responde a una agenda política “que corre en paralelo a las verdaderas urgencias de la sociedad fueguina”. En su presentación, alerta sobre el desequilibrio institucional que implica que el máximo tribunal provincial actúe como “herramienta para garantizar tiempos políticos”, y remarca que el proceso se está impulsando sin respaldo ciudadano y en el peor momento económico y social de la provincia.

“¿En qué provincia vive esta gente? Tenemos una crisis educativa, hospitales sin médicos y fábricas al borde del cierre. Y nos hablan de reforma como si eso fuera a resolver la vida de los fueguinos. Es una burla”, expresó en su descargo.

Lechman también recuerda que más del 70% de la población rechaza la reforma, y que no puede ignorarse que ese rechazo se da en un contexto de hartazgo social frente a los privilegios políticos, a los gastos innecesarios y a la desconexión entre la clase dirigente y los problemas reales.

La presentación judicial solicita que la Corte Suprema revoque el fallo del STJ con costas, al considerar que existe una cuestión federal compleja, arbitrariedad manifiesta, gravedad institucional y violación del principio de legalidad.

Por ahora, el recurso debe ser evaluado por el mismo STJ, que decidirá si lo admite y lo eleva a la Corte. De ser rechazado, Lechman podrá avanzar con una queja directa ante el máximo tribunal nacional. El desenlace no será inmediato, pero lo que está en juego es mucho más que un fallo: es el futuro del orden institucional en Tierra del Fuego.

Mientras tanto, el proceso de reforma sigue corriendo. Silenciosamente, pero bajo la sombra de una Corte Suprema que, más temprano que tarde, tendrá que decir si el poder puede o no reescribirse a sí mismo.