Lapadula criticó el dictamen sobre salmonicultura y advirtió por zonas grises que podrían habilitar inversiones dañinas

El legislador Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, rechazó de manera contundente el dictamen que busca modificar la Ley 1.355, norma que prohíbe la salmonicultura en el Canal Beagle. En declaraciones al programa Buscando el Equilibrio de Radio Provincia, Lapadula apuntó contra el proyecto del Ejecutivo provincial, al que calificó como una iniciativa hecha a medida de grandes empresas, sin consideración por el ambiente ni por el desarrollo local sostenible.

El legislador Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, rechazó de manera contundente el dictamen que busca modificar la Ley 1.355, norma que prohíbe la salmonicultura en el Canal Beagle. En declaraciones al programa Buscando el Equilibrio de Radio Provincia, Lapadula apuntó contra el proyecto del Ejecutivo provincial, al que calificó como una iniciativa hecha a medida de grandes empresas, sin consideración por el ambiente ni por el desarrollo local sostenible.

“Desde nuestro espacio no vamos a acompañar un proyecto que habilita negocios a gran escala con impactos ambientales gravísimos y que ofrece poco y nada a cambio a la sociedad. No creemos en un modelo extractivista que solo beneficia a unos pocos”, afirmó.

Irregularidades en la sesión y falta de transparencia

Lapadula también denunció falta de transparencia y legalidad en el tratamiento legislativo. La sesión conjunta de las comisiones 1 y 3 fue convocada sorpresivamente y culminó en medio de controversias: tras un cuarto intermedio, algunos legisladores ya se habían retirado, y en su ausencia se firmó el dictamen, lo que motivó incluso la renuncia de la presidenta de la comisión, Laura Colazo.

“Fue todo muy irregular. Cuando se levantó el cuarto intermedio yo ya no estaba. Se firmó el dictamen con apenas cuatro legisladores. Habría que verificar si había quórum. Esto no solo es cuestionable políticamente, sino también desde el punto de vista reglamentario”, remarcó.

Una ley con “vacíos peligrosos” y sin garantías

El legislador cuestionó el contenido del dictamen, que —según sostuvo— deja habilitadas zonas sensibles de la costa fueguina para la instalación de salmoneras, fuera del Canal Beagle pero dentro de áreas protegidas como Bahía Aguirre o Bahía Thetis, por no estar expresamente incluidas en la prohibición.

“El dictamen está redactado con una precisión quirúrgica para que ciertas zonas queden habilitadas. Estos vacíos no son ingenuos: son peligrosos. Las leyes ambientales deben ser claras y restrictivas si realmente queremos proteger nuestros ecosistemas”, advirtió.

Lapadula también recordó que la industria salmonera ha sido rechazada por amplios sectores científicos y sociales, debido a su alto impacto ecológico y bajo retorno económico.

“Estamos hablando de 150 empleos directos, con riesgos ambientales enormes. Eso no justifica arriesgar áreas naturales únicas. Es un mal negocio para la provincia, a menos que uno mire desde la óptica de los grandes inversores y no desde la gente”, disparó.

Apuesta por una acuicultura sustentable y local

Frente a este modelo, Lapadula defendió un enfoque alternativo basado en la soberanía alimentaria y el impulso a pequeños productores. Destacó iniciativas como la presentada por el legislador Sulko Romero, que promueve sistemas RAS —tecnología que permite el cultivo fuera del mar, sin alterar los ecosistemas naturales—.

“No nos oponemos al desarrollo de la acuicultura, pero tiene que ser responsable, con tecnología que minimice el impacto, y centrado en productores locales. Desde Provincia Grande ya ayudamos a más de 400 productores. Con una inversión mucho menor se generó más empleo y desarrollo que el que promete la salmonicultura industrial”, subrayó.

En ese sentido, Lapadula insistió en que el proyecto impulsado por el Ejecutivo no brinda garantías ambientales, ni económicas, ni sociales, y advirtió que su aprobación podría marcar un retroceso en materia de protección ambiental.

“Este proyecto está mal planteado desde el origen. No hay justificación técnica ni social para avanzar con un modelo extractivo como este. El dictamen no puede prosperar en estos términos, y no vamos a ser cómplices de abrirle la puerta a un negocio que hipoteca el futuro ambiental de Tierra del Fuego”, concluyó.