Lechman propuso garantizar recursos para educación, salud y seguridad antes de distribuir la coparticipación

El legislador provincial Jorge Lechman volvió a instalar en la Legislatura un debate que considera necesario abordar de manera estructural: cómo se distribuyen los recursos de Tierra del Fuego y cuáles deben ser las prioridades que el Estado garantice antes de avanzar con el reparto de la masa coparticipable.

El planteo fue realizado este martes durante una reunión de comisión de la que participaron representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y legisladores provinciales, en el marco de la discusión por la situación salarial que atraviesa el sector docente.

Para Lechman, Tierra del Fuego debe establecer un nuevo orden de prioridades y garantizar, en primer término, los recursos necesarios para sostener tres áreas que consideró fundamentales: educación, salud y seguridad.

“Ninguno de estos tres ámbitos constituye un gasto, sino una inversión. Debemos sentarnos a discutir qué provincia queremos construir de aquí en adelante”, sostuvo el legislador.

A su entender, la provincia no puede continuar atravesando, año tras año, conflictos similares, independientemente de quién ocupe circunstancialmente el Gobierno provincial. La discusión sobre los salarios docentes y la dificultad para garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores de la educación, señaló, se repite a través de distintas administraciones y revela la necesidad de revisar de fondo la forma en que se asignan los recursos públicos.

Una discusión que excede al conflicto docente

Para Lechman, el problema no se limita únicamente a la situación salarial del sector educativo. Según planteó, una discusión similar atraviesa también a los sistemas de salud y seguridad, dos áreas que, al igual que la educación, cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de la provincia.

En ese sentido, consideró que el financiamiento de estos sectores no debería quedar permanentemente sujeto a las dificultades coyunturales de las cuentas provinciales.

La propuesta del legislador apunta a determinar, en primer lugar, cuántos recursos necesita efectivamente cada una de estas áreas para garantizar servicios públicos adecuados y salarios dignos. Una vez establecidas esas necesidades, recién entonces avanzar en la distribución de los recursos correspondientes a la masa coparticipable.

“Hay que discutir qué provincia queremos construir de aquí en adelante”, insistió.

El planteo implica abrir una discusión más profunda sobre el modelo de financiamiento provincial y la forma en que se establecen las prioridades presupuestarias, en un contexto marcado por los reclamos salariales y las dificultades para sostener con eficiencia los servicios esenciales del Estado.

Convocatoria a los tres intendentes

Lechman aclaró que una modificación de semejante magnitud no puede resolverse exclusivamente dentro de la Legislatura ni limitarse a una negociación entre el Poder Ejecutivo provincial y los gremios.

Por ese motivo, propuso ampliar la convocatoria e incorporar a la discusión a los intendentes de las tres ciudades fueguinas: Martín Pérez, de Río Grande; Walter Vuoto, de Ushuaia; y Daniel Harrington, de Tolhuin.

“Hay que invitar a los tres intendentes”, afirmó.

La intención, explicó, es conformar una mesa amplia en la que puedan participar todos los actores involucrados para analizar la situación de los recursos provinciales y debatir un esquema que permita sostener de manera eficiente las funciones esenciales del Estado.

Según sostuvo, se trata de una discusión que debe involucrar al Gobierno provincial, los municipios, el Poder Legislativo y los distintos sectores que forman parte de la vida institucional de Tierra del Fuego.

“No se trata de quitar recursos a los municipios”

El legislador fue enfático al aclarar que su propuesta no implica quitar recursos a los municipios, ni trasladar responsabilidades que corresponden al Gobierno provincial hacia las administraciones locales.

Tampoco, señaló, se busca establecer unilateralmente una reducción de los fondos que actualmente reciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La idea es, por el contrario, construir un acuerdo entre todos los sectores para definir un esquema de prioridades que permita garantizar el funcionamiento de las áreas esenciales, mejorar los servicios públicos y asegurar condiciones salariales acordes a las necesidades de los trabajadores.

De esta manera, Lechman volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo: antes de definir cómo se reparte la coparticipación, establecer qué recursos necesita Tierra del Fuego para sostener una educación de calidad, un sistema de salud eficiente y una política de seguridad adecuada.

El debate, según planteó, deberá trascender las urgencias del presente y las diferencias coyunturales entre los distintos gobiernos para avanzar hacia una definición más amplia sobre el futuro de la provincia y el modelo de Estado que los fueguinos pretenden construir.