Ley de alquileres: los cambios que aprobó el Senado
Establece 3 años como plazo mínimo legal de locación, ajustes de precios no inferiores a seis meses y únicamente en pesos
El Senado aprobó con algunos cambios la reforma de la Ley de Alquileres sancionada a fines de agosto en Diputados y la iniciativa deberá ahora regresar a la Cámara Baja para una segunda revisión, donde se decidirá si persiste la sanción original o si se aceptan las modificaciones propuestas por el bloque oficialista. Los cambios aprobados más relevantes son el alargamiento del plazo minimo legal del contrato total y la periodicidad de los aumentos, y el indice de actualización.
La discusión comenzó minutos después de las diez de la noche y la media sanción llegó por la madrugada. El proyecto aprobado por 37 a 29 en el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que “los contratos de locación con destino” a vivienda serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.
También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres a través de la fórmula de Casa Propia, un indicador que se usa para calcular la actualización de las cuotas de los créditos hipotecarios Casa Propia y Procrear II. Esta fórmula tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, la fórmula Casa Propia incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo igual al 0,9. Es decir que en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, solo lo hará en un 90 por ciento. Al tener en cuenta el promedio de los últimos doce meses en lo que respecta a la variación salarial (CVS) -y no la variación de un único mes- promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a moderar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales.
Finalmente, el proyecto suma otras modificaciones. Uno que establece que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”. Además agrega que “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.
Las multas por recesión del contrato se pactan de acuerdo al valor del alquiler al momento de entrega del inmuebl. Inquilinos y propietarios pueden deducir del impuesto a las Ganancias el 10 por ciento del monto anual del contrato de alquiler. La Secretaría de la Vivienda va a publicar informes estadísticos de oferta y demanda de viviendas
La iniciativa que venía de Diputados establecía que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Con el respaldo de los senadores integrantes del bloque Unidad Federal, el oficialismo votó a favor de la reestructuración del proyecto de Ley originado en la cámara baja, mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio manifestaron su rechazo a la extensión del tratamiento.
En este marco, el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, reconoció que “el dictamen que vino de Diputados no era del agrado de casi ninguna de las partes”. “El dictamen que presentamos desde el Frente de Todos fue elaborado con responsabilidad y dar ciertas herramientas para solucionar este problema que viven numerosas familias”, agregó en relación a los cambios propuestos por el Frente de Todos.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, reiteró la postura de Juntos por el Cambio de “sostener la media sanción que vino de Diputados”. “Hay casi ocho millones de argentinos que están esperando la aprobación de una ley definitiva y hay muchos contratos pendiendo que están esperando ver qué pasa en este recinto”, insistió.