Mano dura y menos beneficios: así será el nuevo Código Penal que impulsa Milei

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El Gobierno de Javier Milei trabaja en la redacción final de un nuevo Código Penal que busca reconfigurar por completo el esquema punitivo argentino. El anteproyecto, presentado como una herramienta para “cerrar la puerta giratoria” y poner fin a lo que el Ejecutivo describe como “una tomada de pelo a la sociedad”, propone un endurecimiento generalizado de condenas, nuevas figuras delictivas y restricciones severas a los beneficios carcelarios.

Penas más altas y nuevos agravantes

La iniciativa plantea un aumento de los mínimos y máximos en un amplio abanico de delitos. Según el borrador, “la pena debe ser proporcional al daño causado”, fundamento que sostiene las principales modificaciones.

El homicidio simple, por ejemplo, pasaría de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años. En el caso del homicidio agravado —ya penado con prisión perpetua— se incorporan nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o algún ministro, un menor de 16 años o un adulto mayor de más de 65. También se agregan agravantes para hechos cometidos en espacios de gran concentración de personas mediante armas o vehículos capaces de provocar muertes múltiples.

El endurecimiento se extiende a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En esta última categoría, la pena trepa de los actuales 3–6 años a 3–12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, el castigo se fija entre 4 y 12 años.

En materia de robos, se crean figuras específicas para modalidades delictivas frecuentes, como los “motochorros”, las “viudas negras” y el hurto de dispositivos electrónicos. El robo simple aumenta sus escalas: 3 a 8 años si hay fuerza sobre las cosas, y 3 a 10 años cuando se emplea violencia contra las personas.

Imprescriptibilidad para delitos graves

Una de las transformaciones más profundas es la eliminación de la prescripción en una larga lista de delitos. El Ejecutivo argumenta que los crímenes más lesivos “no pueden quedar condicionados por el paso del tiempo”.

No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, los abusos sexuales, el grooming, la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, la corrupción de menores, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el terrorismo y el narcotráfico. “Sin importar cuántos años pasen, la Justicia podrá investigar y sancionar”, afirma el texto.

Prisión efectiva y límites a los beneficios

El Gobierno estima que, con la reforma, el 82% de los delitos derivarán en cumplimiento efectivo de prisión. Para ello se elevan mínimos penales y se amplía la lista de delitos que no podrán recibir condena condicional, incluyendo robos agravados y portación ilegal de armas.

También se restringirá fuertemente la libertad anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos. Lo mismo ocurrirá con reincidentes: “Si entraste varias veces a prisión no podés liberar antes, porque no aprendiste nada”, señala el documento.

Ejecución inmediata y otras reformas clave

Otro punto central es que las condenas comenzarán a ejecutarse apenas el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema, reduciendo así dilaciones procesales.

El anteproyecto también establece que las condenas perpetuas no tendrán límite temporal, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

Además, se fortalece el marco de la legítima defensa y se otorga mayor participación a las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. El texto subraya que estas reformas buscan poner en evidencia “la centralidad de la víctima en el proceso penal”.