Más de 2.000 personas con discapacidad reciben asistencia del Gobierno fueguino
El Estado provincial destinó más de $1.100 millones en pensiones no contributivas durante el último mes y reforzó la inversión en prestaciones médicas, alcanzando los $2.650 millones en el primer semestre del año. También se revisan casos con posibles irregularidades.
El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, informó que actualmente asiste a más de 2.000 personas con discapacidad en el marco del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Según datos presentados por la ministra Adriana Chapperón, en total 2.086 personas integran el padrón: 2.006 por discapacidad y 71 adultos mayores alcanzados por la Ley 389.
En el último mes, el Estado provincial destinó cerca de $1.100 millones al pago de pensiones no contributivas, mientras que otros $38 millones fueron asignados a beneficiarios por vejez.
Asimismo, 998 beneficiarios del RUPE cuentan con cobertura médica a través de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), tal como establece la legislación vigente para quienes no poseen cobertura médica propia, familiar o por parte de un tutor legal.
En cuanto al acceso a la salud, Chapperón destacó el esfuerzo presupuestario que implica garantizar prestaciones médicas para personas con discapacidad. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión en este rubro alcanzó los $2.650 millones, lo que representa un promedio de $450 mil mensuales por persona, sin incluir los costos asociados a acompañantes terapéuticos.
Revisión de casos y control de cumplimiento
La Ministra también confirmó que se está llevando a cabo un relevamiento para detectar posibles incumplimientos de la normativa vigente en la asignación de pensiones. Entre las situaciones observadas, se encuentran casos de:
- Personas que no residen en la provincia desde hace más de tres meses sin justificación.
- Certificados médicos que informan un grado de discapacidad inferior al 66%, requisito legal mínimo.
- Beneficiarios que no han declarado ingresos complementarios, como jubilaciones, pensiones o empleos registrados.
“En todos estos casos se realiza un análisis administrativo y, si corresponde, se notifica a los beneficiarios para que puedan regularizar su situación antes de proceder a la suspensión o caducidad del beneficio, tal como lo establece la ley”, explicó Chapperón.
Finalmente, la funcionaria recordó que en 2019, el monto de la pensión por discapacidad era de $204 mil pesos, mientras que en la actualidad supera los $540 mil pesos, lo que refleja un incremento significativo en la inversión social por parte del Estado fueguino.
